Aprueba Corte rastreo de celulares de delincuentes

El alto tribunal estableció que cuando se solicite información, las procuradurías deberán demostrar a las empresas telefónicas que se trata de casos de extrema urgencia como secuestro, extorsión, ...

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó las reformas que permiten la ubicación en tiempo real de teléfonos celulares que usan secuestradores, extorsionadores y narcotraficantes, sin que exista una orden judicial.

Sin embargo, el alto tribunal estableció que la Procuradurías General de la República (PGR) y de Justicia de las entidades federativas deberán demostrar a las empresas telefónicas, cuando soliciten información, que se trata de casos de extrema urgencia.

La extrema urgencia sólo aplicará en asuntos relacionados con secuestro, extorsión, amenazas, delincuencia organizada y delitos contra la salud; cuando corra peligro la integridad física de una persona, o exista el riesgo de que el objeto de la búsqueda desaparezca o se oculte.

Con esta resolución se busca evitar abusos por parte de los agentes del Ministerio Público que participen en las investigaciones.

"...se está estableciendo la posibilidad incluso de dar un lineamiento para decirle a la autoridad que siempre tendrá que haber una motivación en el momento en que se emita la orden correspondiente al concesionario, en la que brevemente se tiene que establecer la instrucción al personal técnico que corresponda que mínimamente razone la excepcionalidad del caso dado el tipo de delitos que se investigan...

"...cuál es la averiguación previa en la que se provee la medida y las condiciones fácticas que revelen la eventualidad de daño a las personas o de ocultación de los datos para esclarecer los hechos de la investigación, de todo esto deberá dejarse constancia en el expediente correspondiente a la averiguación previa correspondiente", indicó la ministra Margarita Luna Ramos.

Con ocho votos a favor y tres en contra, los ministros avalaron el proyecto de sentencia modificado de la ministra, quien recabó las posiciones de sus homólogos que buscaban acotar la acción del Ministerio Público para evitar irregularidades.

Luna Ramos comentó que la petición del Ministerio Público a los concesionarios telefónicos deberá presentarse por escrito o de manera electrónica.

No obstante, el ministro Sergio Valls Hernández, quien votó en contra, dijo que la sentencia no deja de ser "un acto de buena fe" de Alto Tribunal para que no se den excesos o indebido en detrimento de los derechos humanos.

Pero se preguntó ¿quién o quién los garantiza? ¿Qué o quién los controla? "Además, tratándose de los derechos humanos no se trata de que exista la posibilidad de que posteriormente se pueden denunciar abusos a fin de que se repare el daño hecho, sino precisamente se trata de que el Estado garantice su ejercicio y protección para que no cause lesión a los derechos humanos", expresó.