Analiza SCJN poner límites a MP en rastreo telefónico de delincuentes

La Suprema Corte buscará establecer límites al Ministerio Público en torno a la localización en tiempo real de teléfonos celulares que son usados por criminales.
Suprema Corte de Justicia de la Nación
Suprema Corte de Justicia de la Nación (Milenio Digital)

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación aplazó su resolución en torno a la localización en tiempo real de teléfonos celulares que son usados por delincuentes, pues analiza establecer límites al Ministerio Público federal y del fuero común para evitar abusos de autoridad.

A pesar de que ocho ministros están a favor de avalar las reformas que obligan a las empresas telefónicas a entregar dicha información, sin orden judicial, cuatro de ellos dijeron que es necesaria una interpretación conforme para establecer en qué supuestos se debe entregar esta clase de datos.

Algunos comentaron que para que la petición del Ministerio Público proceda, debe demostrar que hay una urgencia o busca salvar una vida, o existe peligro de que el objeto de la búsqueda (el teléfono) se oculte o desaparezca.

Para llegar a un consenso y evitar un pronunciamiento de desistimiento, la ministra Margarita Luna Ramos, quien presentó el proyecto de sentencia, pidió aplazar la votación para el próximo jueves, para elaborar un test que les permita llegar a un acuerdo con los distintos puntos de vista.

Sólo los ministros Luis María Aguilar Morales, Arturo Pérez Dayán, Jorge Mario Pardo Rebolledo y la propia Margarita se habían pronunciado por la constitucionalidad de las reformas.

Sin embargo, el presidente de la Corte, Juan Silva Meza; Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Fernando Franco González Salas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea expusieron que es necesaria la interpretación conforme.

Pese a ello, los ocho ministros están a favor de declarar constitucional las reformas a los artículos 133 Quáter, del Código Federal de Procedimientos Penales y 16, fracción I, apartado D y 40 bis, de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Las modificaciones sólo autorizan a los titulares de la Procuraduría General de la República (PGR) y de Justicia de las entidades federativas, solicitar información a las concesionarias telefónicas, con el fin de prevenir delitos y rescatar víctimas de la delincuencia organizada.

Este martes, durante el tercer día de debate sobre el tema, el ministro Silva Meza fijó su postura y dijo estar de acuerdo con la reforma, pues los delitos de alto impacto que se busca combatir, como el secuestro, la extorsión, amenazas, delincuencia organizada y contra la salud, "atentan seriamente contra las instituciones democráticas".

Asimismo, dijo que las normas "justifican que el Estado, bajo el principio de debida diligencia, lleve a cabo las acciones y utilice los medios técnicos adecuados para proteger la integridad de las personas que sufren o son susceptibles de sufrir esos delitos.

Sin embargo, el ministro José Ramón Cossío Díaz reiteró que son inconstitucionales las reformas, porque violan diversos derechos, entre ellos el derecho a la privacidad. Manifestó no compartir posicionamientos de algunos de sus compañeros que aseguraron que el espectro radioeléctrico está bajo el control total del Estado y éste puede interferir señales cuando así lo desee.

"El hecho de que el espectro radioeléctrico sea un bien público para fines de explotación y concesión, no significa que el mismo pueda ser intervenido de manera abierta por particulares y autoridades. La metáforas relacionadas con autopistas o canales (que hicieron algunos), no pueden generar analogías con efectos normativos, de lo que hablamos es de normas jurídicas, no de metáforas tecnológicas", expresó.

Por su parte, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena subrayó que debe haber un respeto a los derechos humanos y se deben buscar los medios idóneos para protegerlos.