Analiza Corte si PGR puede ampararse por extinción de dominio

Con este asunto, la SCJN podrá emitir un criterio sobre la procedencia o improcedencia de los juicios de amparo interpuestos por la PGR, destacó el ministro Jorge Pardo.
A la PGR le fue negada la extinción de dominio para de un inmueble, donde fueron detenidos varios presuntos criminales.
A la PGR le fue negada la extinción de dominio para de un inmueble, donde fueron detenidos varios presuntos criminales. (Milenio)

Ciudad de México

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo un juicio donde analizará si la Procuraduría General de la República (PGR) puede o no ampararse contra el procedimiento de extinción de dominio y su relación con diversos derechos humanos.

La relevancia estriba en que es un tema novedoso que la PGR presente un amparo en esta materia, porque como autoridad son muy escasos los asuntos en los que pueden interponer juicios de garantías, que es básicamente para particulares.

El ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propuso a sus homólogos de la Primera Sala atraer el caso para analizar la petición del Ministerio Público Federal.

Explicó que al estudiar el juicio, la sala estará en posibilidad de emitir un criterio sobre la procedencia o improcedencia de los juicios de amparo interpuestos por la PGR, con motivo del citado procedimiento de extinción, en el que participe como parte demandante, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Amparo vigente hasta el presente año.

Los ministros explicaron que hay varias tesis que hablan acerca de la legitimación del Ministerio Público; las mismas hacen alusión a la legitimación que tiene para interponer [i]recursos de revisión[/i] y, en la especie, pero en este caso se trata del inicio de un juicio de amparo.

La Primera Sala estará en posibilidad de pronunciarse sobre la procedencia de la acción de extinción de dominio, atento al orden de prelación establecido en el artículo 22 constitucional y conforme al artículo 8 de la Ley de la materia.

Asimismo, la forma de tramitarse y resolverse la excepción personal de buena fe en vía incidental; el momento oportuno en que se debe acreditar que la dueña del inmueble tenía conocimiento de que éste era utilizado para la comisión de delitos contra la salud y que no lo notificó a la autoridad, derivado de otorgar pleno valor probatorio al contrato de arrendamiento que la demandada tenía con uno de los inculpados.

El asunto derivó porque la PGR solicitó la extinción de dominio respecto de un inmueble, objeto de la detención de diversas personas por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y contra la salud.

El juez de primera instancia declaró improcedente tal acción, lo cual fue confirmado en apelación por un tribunal colegiado. Inconforme la PGR promovió el presente amparo que fue atraído por la Corte.