Indigente de Guadalajara pide servicios de salud; Corte discutirá amparo

El ministro Alberto Pérez propone otorgar un amparo a un hombre que desde hace 20 años vive en calles de Guadalajara, para incluirlo en programas sociales y tenga servicios de salud y educación.

Ciudad de México

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá un proyecto de sentencia que en caso de ser avalado, puede abrir el camino para que las autoridades estatales garanticen el derecho a la salud, alimentación y educación, entre otros, a las personas que demanden esa atención y que viven en situación de calle y abandono.

El ministro Alberto Pérez Dayán propondrá este miércoles a sus homólogos de la Segunda Sala de la Corte otorgar un amparo al indigente Gerardo Martínez, conocido como Barrabás, quien desde hace 20 años vive en las calles de Guadalajara, Jalisco.

En el documento elaborado por el ministro, se plantea que distintas autoridades de Jalisco deben garantizar a Barrabás el derecho a la salud, alimentación y educación, por mencionar algunos.

Asimismo, que las secretarías de Desarrollo e Integración Social, de Salud, de Educación y de Seguridad Social, así como el sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el Instituto Jalisciense de Asistencia Social, deben incluir a Gerardo Martínez en diversos programas sociales como Prospera, Seguro Popular, Programa de Ayuda Alimentaria Directa y de educación para los adultos, a fin de garantizar el ejercicio de sus derechos económicos y sociales.

Las autoridades mencionadas, establece el proyecto, deben tomar en cuenta la situación de extrema pobreza en que se encuentra el quejoso, por lo que el requerimiento de la documentación relativa -como lo son, entre otros, los documentos oficiales de identidad-, deberán de ser ponderados acorde a su especial situación de indigencia, a fin de que no constituyan formalismos excesivos que impidan el acceso a los mencionados programas de asistencia.

El asunto tuvo su origen en 2012, porque Barrabás interpuso una demanda de garantías contra el gobierno de Jalisco y otras autoridades, a quienes reclamó porque no se le otorgan servicios de salud y mucho menos se le proporcionan medicamentos e insumos necesarios; tampoco alimentación, educación, empleo, el acceso a una vivienda digna, a la identidad y a la personalidad jurídica.

El caso fue apoyado por integrantes de un centro de litigio estratégico denominado la Clínica de Derechos Humanos y Amparo de la Universidad de Guadalajara, mismo que promovió la demanda con base a las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y amparo aprobadas en 2011.

En un inicio, el juzgado de Distrito que conoció del asunto lo desechó por improcedente; sin embargo, la defensa recurrió la resolución ante un Tribunal Colegiado, que revocó el fallo, al considerar que no existía algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia y ordenó admitir la demanda.

El juez admitió y dio trámite a la demanda y, al dictar sentencia, sobreseyó en una parte del juicio y en la otra negó el amparo.

La defensa de Barrabás interpuso el recurso de revisión y el Tribunal Colegiado al que correspondió conocer del mismo solicitó a la Corte ejercer su facultad de atracción para resolver en definitiva el caso y definir los alcances de la justiciabilidad de los derechos constitucionales en materia económica y social.

El asunto fue radicado en la ponencia de Pérez Dayán, cuyo proyecto de sentencia vinculada a varias dependencias del gobierno estatal a hacer efectivo el derecho a la seguridad social del quejoso.

El derecho a la seguridad social en su vertiente de la obligación de "cumplir", implica, entre otras consideraciones, que los Estados están obligados a facilitar tal derecho cuando un individuo o grupo no puede, por razones ajenas a su voluntad, poner en práctica el derecho por sí mismo, menciona el ministro, en respuesta al informe justificado de la Secretaría de Desarrollo Social.