Absoluta libertad a dos mujeres por caso Tlatlaya

La PGR presenta conclusiones no acusatorias, por lo que un juez federal del Edomex falla en favor de que Cinthia Nava y Patricia Campos abandonen el penal El Rincón de Tepic, Nayarit.
El lugar de los hechos está ubicado en este poblado mexiquense de alrededor de 3 mil habitantes que se llama San Pedro Limón, localizado en el municipio de Tlatlaya, a unas cuatro horas de la Ciudad de México.
(Jorge Carballo)

México

Un juez federal dejó en absoluta libertad a las dos mujeres que el Ejército mexicano detuvo el pasado 30 de junio en Tlatlaya, Estado de México, tras un enfrentamiento que dejó 22 delincuentes muertos, ocho de los cuales fueron asesinados por tres militares después de haberse rendido.

La liberación de las mujeres se debe a que la Procuraduría General de la República decidió presentar conclusiones no acusatorias, situación que propició que el juez cuarto de distrito de procesos penales federales en el Estado de México sobreseyera el juicio.

Cinthia Stephanie Nava López y Patricia Campos Morales enfrentaban un juicio por delitos de acopio de armas de fuego y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las fuerzas armadas; ambas estaban presas en el área femenil del penal federal El Rincón, en Tepic, Nayarit.

Las mujeres fueron señaladas por la testigo Julia de formar parte de la célula delictiva que enfrentó al Ejército en Cuadrilla Nueva, comunidad San Pedro Limón, Tlatlaya, donde perdieron la vida las 22 personas que se encontraban en una bodega.

Julia puso al descubierto que se cometieron ejecuciones extrajudiciales, en una entrevista que concedió a la revista Esquire, edición mexicana, en septiembre pasado.

La testigo aseguró que fueron los soldados quienes dispararon primero y que los presuntos delincuentes respondieron; que solo uno de los jóvenes murió en el enfrentamiento y que los demás se rindieron. Aseguró que los soldados interrogaron a los 21 sobrevivientes y luego los mataron.

Julia afirmó que tanto Cinthia como Patricia se quisieron hacer pasar como víctimas de los delincuentes abatidos, argumentando que habían sido secuestradas; pero, según la testigo, ellas eran quienes les pasaban las armas y los cartuchos a los maleantes durante el enfrentamiento.

El pasado 30 de septiembre, el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, anunció que consignaría por el delito de homicidio calificado a tres de los ocho militares que se enfrentaron contra los delincuentes en Tlatlaya.

Murillo Karam dijo que tras la confrontación que duró entre ocho y diez minutos, tres soldados del batallón 102 ingresaron a la bodega, donde se encontraban los delincuentes (que ya se habían rendido), y “realizaron una secuencia nueva de disparos que no tiene justificación alguna”.

Aseguró que la investigación contra el personal castrense se inició a partir de las inconsistencias que detectó la Secretaría de la Defensa Nacional en la aplicación de protocolos de actuación.

Indicó que después de una serie de pruebas periciales, diligencias e interrogatorios que practicó el agente del Ministerio Público federal, se comprobó que sí hubo un enfrentamiento como refirieron los soldados por un lapso de entre ocho y diez minutos.

El procurador señaló que al cesar los disparos, ingresaron a la bodega tres militares y tres más permanecieron afuera, uno porque estaba herido; el teniente, porque lo estaba asistiendo, y  el chofer. Los tres que entraron realizaron una secuencia nueva de disparos que no tiene justificación alguna”, detalló.

El 2 de noviembre, la PGR cumplimentó la orden de aprehensión contra siete elementos del Ejército mexicano.

A los militares Alan Fuentes Guadarrama, Julio César Guerrero Cruz, Roberto Acevedo López, Samuel Torres López, Fernando Quintero Millán, Leobardo Hernández Leónides y al teniente Ezequiel Rodríguez Martínez, quien se encontraba al mando del grupo, se les acusó de ser probables responsables del delito de ejercicio indebido del servicio público.

Asimismo, a Fernando Quintero Millán, Roberto Acevedo López y Leobardo Hernández Leónides se les atribuye también su presunta responsabilidad en la comisión del delito de abuso de autoridad, homicidio calificado en agravio de ocho personas y alteración ilícita del lugar y vestigios del hecho delictivo.

En tanto, al teniente Ezequiel Rodríguez Martínez también se le acusó de encubrimiento, en la hipótesis de no procurar impedir la consumación de un delito.