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Lunes , 18.06.2018 / 05:30 Hoy

Columna de Vidal Llerenas

Aparecer y desaparecer ingresos y gasto público

Vidal Llerenas

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En la discusión de la Ley de Ingresos de la Federación, la Cámara de Diputados aprobó incrementar la estimación del tipo de cambio y de la plataforma de producción petrolera para adicionar 51 mil 380 millones de pesos a la estimación de ingresos federales para 2017.

La medida es cuestionable por varias razones. Una obvia es que la estimación del precio del dólar a 18.62 pesos es superior a los 18.40 pesos a los que se llegó inmediatamente después del último debate presidencial en Estados Unidos. Se esperaría que, una vez pasado el efecto Trump, el dólar esté más cerca de los 18 pesos que de los 19 pesos.

Es también cuestionable que la plataforma petrolera revierta su caída o que se obtengan mayores ingresos por impuestos a la renta y consumo, cuando las estimaciones de crecimiento económico están a la baja. Es mucho más grave que 23 mil 991 millones de pesos del incremento aprobado se registren en el rubro de aprovechamientos, "otros, otros". Se trata de un concepto que no se desglosa y que se origina de tomar patrimonio de fideicomisos, bancos o empresas públicos. Es decir, se logra por consumir un activo. El punto es que, a pesar del discurso con respecto al compromiso de cuidar la salud de las finanzas públicas, en los hechos no ocurre.

Respecto a la recaudación, no se puede ignorar la incertidumbre vinculada a la tasa de crecimiento económico estimada para el año que entra. Variables como la caída en la actividad industrial en Estados Unidos o el incremento de las tasas de interés del Banco de México apuntan a un crecimiento menor al estimado de 2.5 por ciento.

Menor crecimiento implica que no se alcanzarían los escenarios optimistas de recaudación de los impuestos sobre la renta y al consumo o, en su caso, que no se reduzca el porcentaje de la deuda con respecto al tamaño de la economía. Hay que recordar que llegamos a una alta relación deuda/PIB, en parte porque aprobamos este cociente con base a sobreestimaciones del crecimiento económico. En este escenario, por cierto, lo razonable es destinar el ingreso adicional exclusivamente a rubros de gasto que detonen crecimiento económico.

La verdad de las cosas es que los argumentos con los que modificaron las variables de ingresos y sus montos demuestra que las autoridades hacendarias, verdaderas autoras y garantes de la supuesta decisión legislativa, en realidad avizoran un escenario en el que tendrán mayores ingresos por distintas vías o incluso que podrían reducir el tamaño de la deuda con respecto al tamaño de la economía. Esto se podría lograr por varios caminos que no quedaron expresados en la Ley de Ingresos aprobada.

Por ejemplo, el impuesto a las gasolinas podría aportar mayores ingresos con respecto a los estimados, lo que es bastante probable, pero era un factor poco atractivo políticamente a la hora de votar la Ley de Ingresos. También está la probabilidad de que el precio del petróleo en los mercados internacionales sea mayor al que se aprobó como referencia; sin embargo, modificarlo en la Ley de Ingresos generaría más ruido en los mercados que simplemente mover la plataforma de producción petrolera. Otro factor no expresado por las autoridades podría ser el uso indirecto de los remanentes del Banco de México, los cuales en 2016 se destinaron parcialmente a reducir la deuda, lo que por otra parte permitiría acudir a un mayor uso de los empréstitos como fuente de financiamiento.

Como la Ley de Ingresos en realidad no se discute en el Congreso, sino que solamente se aprueba lo que promueve Hacienda, entonces todas esas posibilidades podremos comprobarlas solo a lo largo del ejercicio 2017.

Como no existe claridad en el origen de las nuevas fuentes de ingreso, entonces las modificaciones no abonan a mejorar la percepción sobre las finanzas públicas.

Por eso consideramos que los famosos 51 mil 380 millones de pesos se deben asignar para aumentar la inversión energética, hidráulica, en carreteras y transporte público. No podemos olvidar que en dos años la inversión directa del gobierno cayó de 5 a 3 puntos del PIB.

Se deberían también retomar los proyectos de inversión en educación y salud que se quedaron sin recursos, así como los programas de vivienda, que prácticamente desaparecen. Se debería incrementar la cobertura de programas que ofrecen transferencias directas de efectivo a la población, como Prospera o 60 y Más.

Dichas políticas pueden acelerar el crecimiento, evitarían que el menor gasto genere una espiral que reduzca el tamaño de la economía y propiciaría beneficios directos a la población.

No se deben destinar a una multitud de proyecto dispersos, decididos de manera discrecional por los diputados, porque eso no mejorará la calidad del gasto y por tanto no se propiciará el crecimiento, lo que impediría alcanzar los ingresos proyectados y no se reducirá la deuda con respecto al tamaño de la economía. Si ya actuamos con poca responsabilidad en materia de ingreso, no hagamos lo mismo con el gasto.

*Diputado federal de Morena.

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