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Viernes , 22.06.2018 / 19:45 Hoy

Interés Público

País dividido

Víctor Reynoso

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Los muy lamentables acontecimientos en Oaxaca y Chiapas en torno a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), graves en sí mismos, muestran un problema más de fondo: la división de nuestro país en perspectivas, ideas e interpretaciones distintas. Es notable y digno de reflexión cómo los mismos hechos dan lugar a interpretaciones tan alejadas. El encargado de unificar estas perspectivas, el Estado mexicano en sus diferentes niveles, está lejos de cumplir con esta función.

Las versiones que da el Estado de los hechos no son convincentes. Dice que los policías que acudieron a Nochixtlán fueron agredidos con armas de fuego y que simplemente repelieron la agresión. Pero es muy extraño que todos los muertos estén del lado de los agresores. No hay una versión oficial confiable de lo que pasó: quiénes estaban obstruyendo la carretera y por qué; cómo se desató la balacera; si los policías estaban adecuadamente preparados y actuaron en base a sus protocolos.

Tampoco me parecen aceptables las denuncias de que la autoridad simplemente "criminalizó la protesta social". La autoridad tiene la obligación de aplicar la ley, sobre todo cuando hay ciudadanos gravemente afectados por la violación de ésta. Bloquear una carretera es una agresión a la sociedad que necesita transitar por ella o que requiere de los bienes que por ella transitan. El bloqueo es un acto grave, penado por la ley. Independientemente de las motivaciones de quien lo realiza. La autoridad tiene la obligación de evitarlo. Evitar los bloqueos no es criminalizar la protesta social: es aplicar la ley y proteger a la ciudadanía.

Tampoco hay un consenso en lo que está en juego. Para algunos la CNTE representa a los trabajadores de la educación que defienden sus derechos laborales. Para otros, la Coordinadora es un poder fáctico de líderes corruptos que ha lucrado con el presupuesto público a costa de la educación de los mexicanos más pobres.

Hay interpretaciones que van por otro lado. Mencionan que el encarcelamiento de los líderes cortó las posibilidades de negociación. Que de la mano firme se pasó a una dureza innecesaria y que ahí están las consecuencias: en la pérdida del mayor de los bienes políticos, vidas humanas.

A la hora de escribir esto están negociando una comisión de la Coordinadora con el secretario de Gobernación. Algunos de las peticiones del magisterio son imposibles: no aplicar la reforma implicaría o una grave violación de las reformas constitucionales o una nueva reforma, que tuviera mayorías en las cámaras de diputados y senadores.

Ya se verá la habilidad negociadora de ambas partes. De todo este escenario no hay que perder de vista que la educación pública sigue siendo el principal canal de movilidad social, el principal medio para resolver el problema de la pobreza. Y que la ausencia de consensos básicos en temas como el de la CNTE es un déficit importante en la política mexicana.

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