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Domingo , 21.10.2018 / 08:05 Hoy

Interés Público

Nudo gordiano

Víctor Reynoso

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El país está sin Fiscal General (o Procurador) y sin Fiscal Electoral. Estas ausencias, pero sobre todo la forma en que se generaron, muestran que hay mucha gente muy poderosa, interesadas en obstruir la procuración de justicia. Preocupadas por si se les llega a aplicar la ley, a lo que han hecho, y a lo que parece pretenden hacer, particularmente en el proceso electoral del 2018.

Estas ausencias son un asunto grave. Un nudo gordiano difícil de desatar. La situación no puede prolongarse. Su existencia misma es un mal mensaje: este país tiene problemas muy serios para nombrar a los encargados de procurar justicia. Su prolongación sería acentuar ese problema. Seguir admitiendo que hay poderosos que temen la aplicación de la ley, y que han dado lugar a esta parálisis.

Y no es probable que llegue un Alejandro Magno y corte el nudo con su espada. El nudo se tiene que desenredar. No se ve fácil, pero una posibilidad es la planteada por Jorge Ramos: seguir el ejemplo de Guatemala y pedir que la ONU organice un tribunal para castigar los casos de corrupción en México.

Un matiz podría añadirse a esa propuesta: fijar las atribuciones de ese tribunal internacional a partir de una fecha futura, el primero de enero de 2018, por decir algo. El tribunal no podría investigar ni castigar los delitos previos a esa fecha. No sería una amnistía: las autoridades nacionales seguirían con las mismas facultades que tienen hasta ahora. Pero a partir de la fecha que se fije, habría un tribunal externo al país que aplicaría las leyes nacionales de manera imparcial y rigurosa.

Eso podría contribuir a desenredar el nudo. Quienes han cometido faltas hasta ahora perderían su incentivo para bloquear la ley. Un incentivo que, hipotéticamente, nos ha dejado sin el fiscal de la nación y sin el fiscal electoral. Habría un nuevo inicio. Es de esperarse además que las faltas a la ley (corrupción, fraude electoral) disminuyeran de manera significativa, al aumentarse la probabilidad de ser castigadas, como sucedió en Guatemala.

Este país ha convivido por décadas con algunos de sus problemas. Pero no se ve que la impunidad pueda seguir siendo el caso, al menos no en el grado en el que actualmente la tenemos. Han sido los delitos políticos (corrupción y fraudes electorales) los que nos han dejado sin fiscales. Pero esta ausencia seguramente afecta a los delitos del orden común. Una fiscalía débil, desacreditada, distraída en otras cosas, difícilmente será eficaz en la impartición de la justicia de orden común.

No es deseable seguir conviviendo con el índice actual de secuestros, feminicidios, robo de gasolina, homicidios dolosos, y otros delitos. ¿Cuál ha sido su costo, cuál será si estos índices se mantienen o se incrementan? No es deseable seguir con gobernadores y ex gobernadores acusados de graves daños al patrimonio público. ¿Cuál sería el costo de continuar con esta situación?

Debe haber una solución pronta y viable. Aplicar la ley a rajatabla sería lo más justo. Pero no parece posible con los recursos con que contamos. Buscar el apoyo externo, y eliminar o disminuir razonablemente los incentivos de quienes obstaculizan la aplicación de la ley, puede ser una solución.

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