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Interés Público

Legitimidad por ejercicio del poder

Víctor Reynoso

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Solamente a intereses particulares puede convenir un proceso como el de la elección a gobernador en Puebla de este año. Impugnado, ese proceso electoral recorrió todas las instancias locales y federales. Terminó, como es sabido, tensionando y dividiendo al Tribunal Electoral del Poder Judicial de Federación: 4 votos contra 3, con acusaciones serias entre magistrados. Tensó también la relación entre el poder judicial y el Presidente de la República. Un proceso repleto de males públicos.

Se dirá, con razón, que este largo proceso fue legal, dentro de nuestro marco institucional. Pero la formalidad legal puede alejarse del “espíritu de la ley”. Una elección en donde varias decenas de casillas fueron violentadas está lejos del espíritu de nuestras leyes electorales. Una elección que fractura con encono a nuestras autoridades también. Esa violencia nos hizo recordar las elecciones del siglo pasado. Las de los ochenta, previas a la transición, y la de 1940, de ominoso recuerdo.

La cláusula actual exige anular el 20% de las casillas para anular una elección. Pero ese porcentaje es propio de un sistema hegemónico, autoritario. Actualmente el 20% de casillas anuladas, por causa de violencia armada como fue el caso de este año, serían una especie de preludio de guerra civil.

Debo corregir lo escrito: la elección de gobernador en Puebla no ha recorrido todas las instancias de nuestras instituciones electorales. Faltan las relativas a los delitos. Robar una urna a balazos es un delito evidente, electoral y de otros ámbitos. Es muy probable que haya otros delitos en un proceso tan cuestionado. ¿Se están investigando? ¿Habrá castigo a los culpables?

Sea como sea, excluyendo lo que se refiere a la cuestión penal, el proceso electoral ya concluyó. Tenemos autoridades electas en todos los ámbitos. Algunas, como es el caso de la gubernatura, tiene una legitimidad de origen cuestionada. Es un reto y una oportunidad para que adquiera legitimidad en el ejercicio de su gobierno. La agenda social, económica y política del estado de Puebla es clara. Vamos a ver si nuestras autoridades (gobernadora, congreso, ayuntamientos) están a la altura. Vamos a ver si están por encima de la elección más cuestionada en Puebla en las últimas décadas.

La violencia electoral me recordó la elección sonorense de 1991. El candidato a gobernador por el PRI, Manlio Fabio Beltrones, ganó de manera indiscutible. Pero pareció no conformarse con la gubernatura: quiso carro completo. Y se generó la violencia en varios municipios (Roberto Zamarripa escribió el libro Sonora 1991: historia de políticos y policías, sobre este proceso). Más que un acto, fue una actitud política. Años después, en 2011, Beltrones fue quizá el precandidato priista con más posibilidades de competir con Enrique Peña Nieto. Pero mientas éste tenía cerca de 60% de preferencias electorales, mientras que el sorense andaba por el 3%. Hay relaciones causa efecto, aunque no siempre sean simples ni fáciles de ver.

Ejecutivo y Legislativo contra Judicial

Preocupa, que el partido en el Poder Ejecutivo y Legislativo de la federación trate de resolver a hachazos de un solo hombre problemas que deben resolverse con el bisturí, en equipo y con el diagnóstico previo adecuado. Que nuestros gobiernos requieren de mayor austeridad y eficiencia es cierto y es importante (aunque la austeridad gubernamental sea un valor “neoliberal”). Pero esa austeridad no puede imponerse de manera autoritaria y sin análisis serios.

¿Debe ser el Presidente de la República el que fije, con su muy personal criterio, el ingreso máximo de los funcionarios del gobierno? Creo que debería ser una decisión de Estado, que involucre a distintos poderes y sea precedida de análisis, diagnósticos, discusiones. Varios memes ha generado la cantidad de 108 mil pesos mensuales que se autoasignó López Obrador, y que quedará como tope para toda la administración pública: que sí es un símbolo beisbolero, que si viene de religiones orientales. Debe tener alguna base más objetiva y con mayor armonía con el interés público. Debe considerar la diversidad de nuestros poderes, sus responsabilidades y riesgos, sus exigencias de gente calificada.

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