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Lunes , 24.09.2018 / 10:43 Hoy

Interés Público

El Estado y Ayotzinapa

Víctor Reynoso

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Las diversas interpretaciones sobre el caso de Ayotzinapa nos dicen mucho sobre el nivel de nuestra opinión pública y publicada. En particular en lo que se refiere al papel del Estado en esa tragedia. Las interpretaciones más simples han visto en ella un crimen de Estado, como si se tratara de un sujeto homogéneo que toma decisiones autónomas y que como tal fuera responsable de la desaparición de los 43 estudiantes.

¿Qué es el Estado? Un conjunto de personas, normas, organizaciones, recursos, que van desde el presidente de la república hasta el más modesto empleado municipal. Tienen algo en común: la responsabilidad de crear bienes y de resolver los problemas públicos. Todo ese desigual ejército de varios millones de personas están unidas por esa responsabilidad, y por el uso de recursos públicos. Pero no por mucho más.

Un clásico problema político es si el presidente tiene el control, no sobre todo el aparato estatal federal, sino sobre los pocos miembros de su gabinete. Las respuesta ingenua es que sí: el los nombra y los puede destituir en cualquier momento. Pero eso no garantiza el control. Cada secretario tiene intereses, valores, proyectos propios que los llevan a enfrentarse a otros secretarios y en ocasiones al mismo presidente. Es frecuente que le oculten información, por ejemplo, que traten de hacerle ver sólo lo que a ellos les conviene que vean.

Si no siempre se controla a los más cercanos, es imposible controlar todo el aparato estatal. Más en un sistema federal y de división de poderes, donde hay autonomía formal y real de los gobernadores y de los ayuntamientos. Sí, de acuerdo a la definición la policía de Iguala, como la de cualquier otro ayuntamiento, es parte del Estado mexicano. De lo que no se deriva que todo lo que hace cualquier policía municipal sea responsabilidad del presidente de la República. No lo es ni en términos legales, ni políticos, ni para el sentido común.

Es muy lamentable que el ayuntamiento de Iguala haya sido controlado por un grupo de narcotraficantes, Guerreros Unidos. Que la policía de ese ayuntamiento haya cometido asesinatos, es un crimen doblemente lamentable, en sí mismo y por haberse realizado por quienes deben defender a los ciudadanos. Pero no es un crimen de Estado, en el sentido que se le da a este término, y menos aún del Estado mexicano, lo que implicaría a los diversos poderes de la Unión.

Hay sin dudas fallas graves del aparato estatal. No mencionemos ya al ayuntamiento ni al gobierno del estado de Guerrero (cuya responsabilidad no ha sido aún sancionada). La federación falló en su investigación. De no haber fallado no habría discrepancias con otras investigaciones serias. Aquí hay una agenda pendiente en nuestro Estado, que tiene que ver con la eficiencia de las instituciones, en este caso las encargadas de investigar delitos. Dicha investigación, como el caso de Ayotzinapa lo demostró, puede llegar a ser sumamente compleja. A requerir de métodos, instrumentales y conocimientos científicos de alto nivel.

El Estado mexicano, o en este caso, la Procuraduría General de la República, no los tiene. Es un problema que viene de lejos. En el caso de la investigación policiaca en México ha sido una actividad poco prioritaria, para los propios gobiernos y para la sociedad. Quienes se dedican a ella no gozan de prestigio social. No es una carrera reconocida. Las cosas han empezado a cambiar en los últimos años, pero los frutos todavía no llegan. Es una agenda pendiente: que quienes se dediquen a investigar delitos sean reconocidos como deben ser: profesionistas altamente especializados, que cumplen con una función compleja, delicada y muy importante para la sociedad.

Quienes culpan al "Estado" de los hechos de Guerrero (desde los asesinatos hasta las deficientes investigaciones) rara vez toman en cuenta la excepcionalidad de la región en la que tienen lugar. Ya Jorge Fernández Meléndez la documentó. El incremento en la demanda de opio en Estados Unidos generó una nueva oferta de goma de opio en una amplia región de Guerrero. Y una lucha entre grupos por el control de esa producción y su comercialización.

Uno de esos grupos, Guerreros Unidos, llegó a controlar el ayuntamiento de Iguala. Un grupo opositor, los Rojos, les disputa el negocio. Es en ese contexto en el que se dan los lamentables hechos de hace un año. Una situación dramática, pero no generalizable a todo el país. Los índices de homicidios, presentados por Fernández Meléndez, dan cuenta de las enormes diferencias en la violencia en esa zona.

El problema no es pues entre "el Estado mexicano" y un grupo de estudiantes. Pensar así es no pensar, y eso no ayuda a resolver los problemas. Aunque usted no lo crea, ha habido quien considere que los asesinatos en Iguala en septiembre de 2014 son básicamente lo mismo que los asesinatos del 2 de octubre de 1968. El "Estado" asesinando estudiantes. ¿Hay alguna diferencia?

Pero este bajo nivel de nuestra discusión en la opinión publicada y pública no es solución. Es otro problema, que complica y prolonga otros.

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