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Viernes , 17.08.2018 / 01:18 Hoy

Interés Público

Consecuencias probables

Víctor Reynoso

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En días pasados se hizo pública una demanda penal contra el Secretario Técnico de la Comisión Interamericana de la Organización de los Estados Americanos, Emilio Álvarez Icaza. De proceder, podría tener consecuencias muy negativas para el gobierno mexicano.

La primera sería volver a poner en primer plano el caso de Ayotzinapa. La desaparición no suficientemente aclarada de 43 estudiantes de la normal de esa población es lo que está detrás de la demanda contra el funcionario de la OEA, pues cuestiona el uso que se dio a los recursos que aportó el gobierno mexicano para que una investigación en la que participó ese organismo internacional indagara sobre el asunto.

Ayotzinapa ha dado lugar a un fuerte cuestionamiento, nacional e internacional, a los gobiernos mexicanos. Al municipal de Iguala, desde luego, pero también al gobierno federal. Poner el tema de nuevo a la agenda daría lugar a una mayor caída en la legitimidad de ese gobierno.

Por otro lado la cuestionada investigación no estuvo a cargo de un individuo particular. Fue un organismo de la OEA en conjunto con el gobierno mexicano. Siempre hay recovecos jurídicos en cualquier proceso, pero la responsabilidad de mal uso de recursos, en el caso de ser cierta, no recaería seguramente sobre una persona, sino sobre los organismos responsables. La OEA, pero también la Secretaría de Gobernación y la de Relaciones Exteriores de nuestro país, que participaron en el proceso y que alguna responsabilidad tienen.

Pero además se vería muy mal que en un país con los altos índices de impunidad que tiene México (los más altos de la OCDE) se siguiera un proceso contra un funcionario internacional, y no un funcionario cualquiera, sino el encargado de uno de los temas más sensibles en el mundo contemporáneo: los derechos humanos. ¿Qué mensaje se estaría enviando? ¿Qué consecuencias tendría para el gobierno federal mexicano?

Se entiende que haya molestia en el gobierno de nuestro país por el informe de la OEA sobre la situación de los derechos humanos en el país y en particular sobre el caso de los normalistas guerrerenses. Es muy probable que alguien en ese gobierno haya impulsado al autor de la denuncia, José Antonio Ortega Sánchez, a realizarla.

Era un personaje poco conocido antes de la misma. Tanto él como la asociación civil a la que pertenece, el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, no habían tenido una participación que alguien recuerde. Ahora están teniendo sus quince minutos de mala fama. Pero no parece que el asunto vaya a durar más.

No solo porque las consecuencias serían muy negativas para el gobierno de nuestro país sino porque la acusación parece absurda. Más sensata es la declaración de Roberto Campa, subsecretario de Gobernación, que descalificó la acusación. Tanto por el fundamento de la misma, inexistente, como por las consecuencias que tendría para el gobierno mexicano, ponerlo como un enemigo de los organismos internacionales que defienden los derechos humanos, lo más probable es que el asunto ahí quede, en la declaración de Campa.

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