No cabe duda, pocos temas tan incómodos como el del dinero, sobre todo cuando nos tocan el salario.
Miles de personas cruzan la frontera, legal o ilegalmente buscando oportunidades que este país no da, a costa de dejar la familia, la tierra, y a veces hasta la vida. Los que se quedan viven ajustándose a un salario mínimo que da risa, aunque está para llorar: $88.36 diarios.
Esa es la realidad de muchos. Pero es en este mismo México donde existe un grupo privilegiado que vive en condiciones distintas.
Irónicamente se les llama “servidores públicos”. No es culpa de ellos, puesto que cuando llegaron a sus cargos los salarios ya existían.
Ejemplos hay muchos; un ministro de la Suprema Corte percibe al mes en promedio 350 mil pesos, el consejero presidente del INE gana 250 mil pesos, un legislador federal percibe al menos 160 mil. Hasta hace unos meses, en el Senado persistían los vales de gasolina, el seguro de gastos de médicos mayores, el aguinaldo de 40 días, personal de mando y vehículos oficiales, entre otros privilegios. Casos similares hay muchos en los estados del país.
La entrada de Andrés Manuel López Obrador puso el tema sobre la mesa bajo la consigna: “No puede haber gobierno rico y un pueblo pobre”. Así se estableció en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos que ningún funcionario debe ganar más de 108 mil pesos mensuales, lo que cobra el Presidente.
Ni tardo ni perezoso, el mundo político se puso las pilas para defender sus ingresos, tarea fácil puesto que en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la encontraron inconstitucional, y quedó suspendida su aplicación.
Aunque priva la confusión, esto no impide a los diputados subir o bajar los sueldos como lo consideren, pero sí les prohíbe utilizar la ley, impulsada por Morena, que ya prepara su contraataque.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos pidió que se revise el tema sin estigmatizar al servicio público, usando las leyes. Los ministros de la SCJN, los jueces, consejeros de la Judicatura y los electorales están seguros, puesto que sus salarios están protegidos por la Constitución.
Ayer, la Asociación Nacional de Magistrados de Distrito del Poder Judicial de la Federación envió un comunicado acusando que en los últimos días se ha posicionado un discurso de que son privilegiados por vivir abusando del erario, al cobrar 600 mil pesos mensuales, una mentira, aseguran.
Llegó la lluvia de amparos, algunos colectivos, otros individuales; ya son más de 800 recursos legales, para más de 4 mil personas, entre jueces, actuarios, personal de CFE, PGR, SAT y otras.
Ver este fenómeno nos deja claro que la llamada austeridad no será del todo posible, porque nadie en su sano juicio dejará que le bajen el sueldo sin defenderse, si gana poco y mucho menos si gana mucho. “La riqueza es como el agua salada; cuanto más se bebe, más sed da”, como escribió Schopenhauer.
El día en que la austeridad venga de una conversión del político, de una transformación de sus intereses, tendremos austeridad y equilibrio.
Ni hablar.
