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La política comercial “corrupta y oligopólica” de Pemex

Víctor Hugo Durán

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En la década de los noventas, los industriales le compraban directamente a Petróleos Mexicanos, siendo clientes de consumo al mayoreo. Se encargaban de llevar a sus plantas procesadoras el combustóleo y diésel industrial, contratando transportistas para recibir directamente el producto, sin intermediario alguno. Destacaban grandes consumidores de energéticos como petroquímicas, ingenios azucareros, cementeras y demás.
Lo anterior generó una fuente de empleo y movimiento comercial, entre ellas tamaulipecas que por su cercanía con la Refinería Madero tenían la oportunidad de prestar sus servicios.
Todo iba bien, hasta que los empresarios empezaron a detectar anomalías que se fueron haciendo cada vez más grandes.
Resulta que Pemex fue creando una red de distribución en lugar de atender a clientes pequeños, invadió el mercado de grandes consumidores que no requerían distribuidor o intermediario. Era su política comercial, desplazando a la competencia y recibiendo subsidios por ser “distribuidores autorizados” a costa del erario por miles de millones por año a nivel nacional, y así fue que desaparecieron muchos transportistas locales y nacionales.
Y debido a que dichos “distribuidores autorizados” reciben un beneficio económico que aplican para desplazar a esas compañías (conocido como subsidio cruzado), lo denominan un “macro coyotaje”, y en ese dispendio, mencionan, “estamos hablando de corrupción y prácticas contra la libre competencia”.
A través de un escrito, un transportista quejoso dice que “bajo el amparo de Pemex se creó una práctica oligopólica y corrupta de miles de millones de pesos anuales; y peor aún: los nuevos altos funcionarios de Pemex y de la Comisión Reguladora de Energía, la quieren ampliar a otros refinados, implicando más corrupción y más prácticas oligopólicas”.
Y refieren: “seguramente el Lic. Sergio Estrada, director de un grupo de distribuidores y transportista de productos en Querétaro, nos podría comentar sobre el tema”.
Se acusa que altos funcionarios de la ahora Empresa Productiva del Estado y la CRE han recibido pruebas de la simulación existente en la distribución, “y pueden decir mucho al respecto”.
Como cierre, hay respaldo con documentos del INAI y notarios públicos, donde “se pone en evidencia la forma, personas e instituciones que autorizaron esta gravosa simulación, su operación, su valor e impacto de la corrupción y otros aspectos”.
Y esperan una respuesta.

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