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Columna de Vicente Ugalde

Septiembre 19. Réplicas

Vicente Ugalde

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La ocurrencia esporádica e inocua de sismos durante 32 años nos había dejado creer que el sistema de protección civil, las instituciones de prevención de desastres y la regulación de las construcciones nos ponían al abrigo de los peligros de habitar una zona sísmica. Esta ilusión se disipó brutalmente en septiembre de 2017.

El sismo recordó nuestra condición colectiva de situación en riesgo; puso en nuestra agenda personal y colectiva que la posibilidad de que se repita esa experiencia es constante y nos sugirió que debemos preguntarnos si la manera en como nuestras localidades, nuestra ciudad, sus gobierno y sus habitantes respondemos a esa situación de suspenso es la adecuada.

Las tragedias colectivas producen por lo general una indignación rápidamente dirigida a los gobernantes, pero esa reacción plantea el tema de la inculpación y entonces de la responsabilidad de quienes tomaron las decisiones que agravaron los riesgos.

Llevamos así, un año lanzando imputaciones y alimentando una frustrada irritación que no encontrará satisfacción, pues a pesar de la masiva y por momentos caótica transferencia de recursos presupuestales, y de la ambiciosa ley de local reconstrucción, las cosas no volverán al estado en el que se encontraban antes ni las acciones de compensación serán suficientes. La evaluación a nuestra propia actuación es, sin embargo, difícil.

El desamparo que produce saber la distancia que separa lo que debemos hacer y lo que estamos en condiciones de hacer de ahora en adelante, no parecen dejarnos otra opción que culpar a otros y esperar a que las cosas se arreglen. La realidad ha mostrado, sin embargo, que lo primero es ocioso y lo segundo improbable.

El espectáculo entristecido más aún por el carnaval de incriminaciones, especialmente durante las campañas políticas, al gobierno federal y local como principales responsables de las pérdidas humanas y materiales el 7 y 19 de septiembre, nos interroga respecto a las responsabilidades, cierto, pero también respecto al buen gobierno de los riesgos.

Sabemos bien que la seguridad absoluta o el riesgo cero no son una pretensión razonable. Al tomar un taxi en la calle o al respirar el aire de la ciudad estamos, consciente o inconscientemente aceptando un cierto peligro. La alternativa, aceptémoslo, no está entre el riesgo y el no riesgo, sino entre el riesgo aceptable y el riesgo inaceptable. Reflexionar sobre la aceptabilidad de riesgos y hacer explícito que lo haremos, es ante todo una decisión política que hay que comunicar con claridad para mesurar las expectativas al momento de responsabilizar. Se impone entonces la tarea de hacer explícito cuál es el nivel de riesgo aceptable en los casos en que hay manera de poner límites: a la edificación, al uso del suelo, a la exposición a la sucia atmósfera, a la velocidad en vialidades... ¿Hasta qué punto será aceptable edificar sin la intervención de la autoridad?, ¿sin presentar estudios de mecánica de suelos?, ¿que justificaría que el estado se inmiscuyera en la esfera privada del ciudadano que desea construir o ampliar su casa? Garantizar su seguridad no justifica en todo caso dicha intromisión, pero ¿en qué casos es tolerable que el estado no intervenga?

Desde el siglo XIX el derecho de la responsabilidad se basa en que el riesgo será si es indemnizable. Eso no significa que la indemnización sería suficiente para reflexionar sobre el riesgo aceptable. Faltaría considerar que para que un riesgo sea aceptable, debe ser imputable. Entonces una pregunta se impone ¿es el gobierno el único responsable? ¿en nombre de qué responsabilidad se imputa al gobierno el deber de tomar en cargo la reconstrucción de lo destruido por el sismo? ¿En nombre de qué derecho se configura el reclamo por esa reparación? ¿del derecho a la vivienda? ¿es entonces necesario que ésta sea destruida para configurar su exigibilidad?

Un trabajo de restituir esferas de responsabilidad se impone: a los que toman decisiones generadoras de riesgo, por ejemplo, al permitir cambios de uso de suelo y alturas en áreas sin vocación para ello, al autorizar construcciones en causes de ríos o con materiales de baja calidad. Esa medida no solucionaría sin embargo por sí sola la recuperación al estado previo al evento y mantendría viva la necesidad para los particulares de adquirir seguros para enfrentar los daños causados por sismos. El advenimiento de una masificación de uso de seguros parece inevitable.

*Dr. Vicente Ugalde, profesor investigador de El Colegio de México

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