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Miércoles , 14.11.2018 / 11:59 Hoy

Mundo inclusivo

Ejecutivo sale al quite

Verónica Rocha

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Durante las campañas proselitistas rumbo al proceso electoral del primero de julio de 2018 se escucharon propuestas, unas más atractivas que otras, para beneficio y empoderamiento de las personas con discapacidad. En el ámbito local se escuchó el ofrecimiento a contratar a personas en situación de vulnerabilidad, específicamente a adultos mayores y con discapacidad para ocupar el 10 por ciento de la plantilla laboral del ayuntamiento de Torreón, iniciativa que expuso el entonces candidato del PRI a la alcaldía José Antonio Gutiérrez Jardón, quien terminó en segundo lugar de la contienda. 


Aunque no será el gobierno municipal quien tome la batuta para desarrollar el plan de inclusión laboral en Torreón, el ejecutivo federal será quien salga al quite para impulsar las acciones pertinentes a nivel nacional, para darles a las personas con discapacidad el pleno ejercicio de sus derechos y con ello armonizar la legislación mexicana con lo que dispone la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. 


A cuatro meses de despedirse de su gestión, el presidente Enrique Peña Nieto dejará una serie de modificaciones y reformas que prometen dar un fuerte impulso a la inclusión puertas afuera del hogar y la escuela: el trabajo. Debido a que el periodo de la actual legislación está por terminar, serán los y las diputadas de la siguiente legislatura que entrará en funciones en el siguiente mes de septiembre-en su mayoría del partido MORENA-, los que procedan a su lectura, discusión, aprobación y por consecuencia se de paso a su promulgación. Gran desafío. 


Se habla de la obligatoriedad para el gobierno de contratar a personas con discapacidad permanente que reúnan condiciones de idoneidad para la ocupación de plazas vacantes, por lo que se contemplan adherir, modificar, reformar y/o derogar artículos de la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad. 


Uno de los puntos medulares de la iniciativa prevé que al menos 3% de la totalidad de trabajadores del gobierno federal, estatal y/o municipal sean personas con discapacidad, por lo que se esperan modificaciones en la Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal. La iniciativa delimita que no serán aplicables en las secretarías de la Defensa Nacional y Marina. 


Otro tema relevante es el que establece que los patrones que contraten a PcD y adultos mayores podrán deducir sus ingresos al 100 % de ISR, por lo que la Ley del Impuesto sobre la Renta también será sometida a reformas. 


Se incluirá la discriminación por discapacidad como una conducta tipificada en el Código Penal Federal con 200 días de multa, uno a tres años de cárcel o de 150 a 300 días de acciones en favor de la comunidad, por lo que se vislumbran cambios en el Código de Procedimientos Penales. 


Además serán sujetas a reformas las leyes de Vivienda, Protección Civil y de Asistencia Social. Primero Persona. 



Autismo.sanroberto@yahoo.com.mx


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