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Sábado , 26.05.2018 / 21:35 Hoy

Voces Ibero

Funcionarios exentos y ciudadanos obligados

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Cuando una ley regula el comportamiento de funcionarios públicos necesariamente se asume que hay un elemento importante que es el de la publicidad. Esto implica lo que ya precisó la Corte Interamericana de Derechos Humanos y es que por tratarse de personas que viven del erario público están sometidas a un mayor grado de escrutinio por parte de la ciudadanía. Ahora bien, en sentido contrario, cuando la ley hace referencia a protección de datos de los particulares lo hace refiriéndose precisamente a los ciudadanos comunes que por no estar inmersos en la actividad pública gozamos de una mayor protección a nuestra intimidad.

La propuesta legislativa que realizó la ciudadanía que pretendía obligar a los funcionarios públicos a hacer públicas sus declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflicto de interés, conocida como la ley tres de tres, y que alcanzó más de seiscientas mil firmas, fue distorsionada por el senado, específicamente por los representantes del PRI y el PVEM una vez que llegó a sus manos.

Con el argumento de que el funcionario por muy público que sea tiene derecho a su privacidad, los miembros del Congreso establecieron una especie de candado a la “obligatoriedad” de dicha propuesta y especificaron que la publicidad quedaría sujeta al consentimiento del funcionario en cuestión. Pero “preocupados” por combatir la corrupción votaron a favor de una incipiente propuesta que consiste en obligar a los particulares que en el futuro vayan a realizar contratos con el gobierno, a hacer pública la información que unos momentos antes habían considerado estrictamente privada.

La lectura que le ha dado el sector privado a esta propuesta es que constituye una represalia en su contra por ser precisamente las cámaras las que presentaron la ley 3 de 3 como una forma de manifestarse y buscar frenar la corrupción. Otra lectura puede ser que los senadores manejan un sistema invertido de estándares de privacidad dependiendo del sujeto, esto es, el sujeto público debe ser considerado privado cuando se trate de revelación de información que pudiera perjudicarlo y el sujeto privado debe ser sujeto de mayor escrutinio cuando se atreva a cuestionar lo que ocurra en el ámbito público.

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