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Ayotzinapa y la Comisión para la Investigación de la Verdad

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El pasado 31 de mayo el Primer Tribunal Colegiado del Decimonoveno Circuito de Tamaulipas emitió una resolución histórica, en la que, mostrando una absoluta independencia del Ejecutivo, ordena la creación de una Comisión para la investigación de la verdad y la justicia con el fin de esclarecer los hechos ocurridos el 26 de septiembre de 2014 donde desaparecieron 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa.


En las setecientas doce páginas en las que obra la sentencia, los magistrados explican como la Subprocuraduría Especializada de Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) violentó los principios convencionales que deben estar presentes en una investigación criminal como son la efectividad, la independencia, la imparcialidad y la rapidez, por lo que resuelve que ante una gran injusticia debe recaer una gran medida.


Por ello, ordena que sean las víctimas y la Comisión Nacional de Derechos Humanos quienes decidan las líneas de investigación a seguirse y decidan también que pruebas recabar, en el entendido de que deberán estar presentes en todas las diligencias. 


Los fiscales, agentes ministeriales y peritos que hubieran actuado dentro de las averiguaciones previas estarán impedidos para seguir conociendo o participando en la indagatoria. La Comisión para la verdad podrá fortalecerse con la participación de otras organizaciones de derechos humanos nacionales y extranjeras y se recomienda la participación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), así como del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), puesto que, al parecer del Tribunal, ambos han dejado constancia de una labor objetiva, exhaustiva, independiente e imparcial.


Si bien ha sido cuestionada la resolución por la propia PGR quien argumenta una violación al principio de división de poderes por sentirse invadida por el Poder Judicial ante tal instrucción, lo cierto es que la Constitución establece claramente la obligación de este último para remover cualquier obstáculo que impida el respeto a los derechos fundamentales, en este caso el del acceso a la justicia, además de las obligaciones convencionales que tiene el Estado Mexicano en esa materia que de no observarlas puede generarle responsabilidad internacional. 

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