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La ciudad a debate

‘Pedagogía’ del desarrollo urbano 

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Entender cómo hemos vivido y cuáles deberían de ser las formas de garantizar el bienestar que implica la seguridad humana, más aún en condiciones de vulnerabilidad y fragilidad en que los asentamientos humanos se ubican y desarrollan en el espacio geográfico, se convierte en un desafío para el Estado y la sociedad en su conjunto. Reclama entonces una visión política de democracia participativa. Sin embargo, ante las formas de convocar a la población, por parte de los tres niveles de gobierno -según la norma lo indica- para que participe en la planeación con capacidad de revisar, analizar y opinar sobre los diversos instrumentos normativos que se desprenden de las políticas públicas de desarrollo urbano y vivienda, la consulta no ha sido exitosa ni significativa para la población en lo referente a la actualización de los contenidos del Plan Municipal de Desarrollo Urbano, hasta llegar a los Planes Parciales de Desarrollo Urbano (PPDU) en dónde se ubica nuestro hogar en algún lugar visible a la escala en que se elaboran (1:50,000) y en los que se muestran las diferentes características del paisaje natural, la infraestructura urbana, así también los distintos servicios públicos y privados, la mixtura y en resumidas cuentas el uso del suelo con su amplia gama de actividades económico-productivas; la conservación del patrimonio histórico, de áreas vitales, por ejemplo: las de protección a cuerpos de agua, conservación al acuífero o aguas subterráneas y las imprescindibles áreas verdes y forestales, cada vez más agredidas y disminuidas frente al crecimiento urbano desmedido y depredador.

¿Dónde está el ágora de la ciudad para conocer, pensar y proponer soluciones? ¿Cómo se hacen escuchar y cuántos asisten interesados en saber qué propone la autoridad para su colonia en cuanto a la densidad de población y demás actividades inherentes o ajenas al lugar donde vivimos? Siendo realista, no esperamos que se vuelque la ciudadanía a abarrotar los foros y mesas de trabajo para problematizar el desarrollo urbano de por si caótico. Si no nos educamos para la participación consciente y de pleno civismo, no será posible –con todo lo que significa- la construcción de un proyecto de ciudad para este siglo XXI, pasarán muchos años si no somos capaces de crear las condiciones de ciudadanos participativos y consecuentemente responsables de su entorno, seguiremos contribuyendo a la degradación del ecosistema urbano con su inevitable huella ecológica.

Por lo tanto, para entender la Participación Ciudadana y su incidencia en las políticas públicas, resulta pertinente aclarar las premisas elementales que le rigen y limitan. La primera es que el consenso ciudadano es un escenario ideal que resulta difícilmente alcanzable; la segunda, es que la discusión sobre un asunto público debe finalizar en la formulación de una serie de alternativas o posibilidades; y la tercera, es que elegir una de estas alternativas, implica limitar o dejar fuera las demás. En nuestro contexto, donde venimos de una tradición autoritaria y de hegemonía partidista, la participación ciudadana es vista como una especie de concesión bondadosa que hace el gobierno a sus gobernados; y donde no todos juegan bajo las mismas condiciones, pues existen grupos mejor organizados y con más recursos que otros, lo que les facilita su comunicación con funcionarios de gobierno, llegando a imponer en ocasiones, sus propias agendas.

El resultado es que aquellos que -en la limitación de sus capacidades- quedan fuera de las decisiones, se ven imposibilitados de poner en la agenda sus problemas y por ende la solución de los mismos. Un ejemplo de ello es el ejercicio de consulta ciudadana de los planes parciales que recientemente realizó el Ayuntamiento de Guadalajara, donde la participación, además de escasa, se concentra en el Distrito Minerva, uno de los de mayores ingresos de la ciudad.

Como manera de contrarrestar la anterior situación, es necesario más transparencia y más democracia. Si bien puede argumentarse que los mecanismos, el alcance y tiempo de la participación ciudadana que implementó el ayuntamiento no fueron los mejores, el problema de fondo es que la propia legislación urbana estatal, resulta profundamente contradictoria, ya que por una parte insta a pensar las ciudades a largo plazo pero obliga a sus ayuntamientos a revisar sus planes urbanos cada 3 años y que la participación ciudadana sea no mayor a tres meses. Por eso la importancia de una fuerte campaña de difusión acerca del desarrollo urbano. Lamentablemente aún se sigue viendo menos importante el tema de planificación de ciudad en los medios de comunicación y en las agendas de los alcaldes. Si bien en Guadalajara se elaboró un intento de generar un proceso consensuado con la sociedad, cabe mencionar que la población se sigue sintiendo poco integrada a la planificación de la ciudad. Tal vez un ejercicio más sencillo, más dinámico, menos complejo y con mayor participación de la gente a diseñar su ciudad, podría haber tenido un mayor impacto en lo que sucedía en los foros de consulta, incluso si se hubiera integrado a los niños en el diseño de la ciudad.

Podemos citar el ejemplo de Ley de Suelo Española, que establece que los planes urbanos pueden formularse durante un año, y una vez aprobados tienen una vigencia de al menos 8 años.


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EN PROSPECTIVA…

Imprecisa conceptualización

El manejo de la diversidad y multiplicidad de los conceptos que participan en la elaboración discursiva de los instrumentos de planeación urbana, hace pertinente abordar, desde diferentes enfoques y perspectivas, los significados profundos tanto como los sentidos más elevados de las palabras alusivas para encuadrar, con precisión y claridad, las ideas y argumentos relativos a la ciudad que se construirá a partir de la aplicación pragmática de las definiciones que aparecen en los planes sujetos al escrutinio público en la actualidad y que entrañan las visiones de futuro de la metrópoli. Se trata de revisar las interpretaciones y confrontarlas con la normatividad en la materia en los diferentes niveles y ámbitos gubernativos.

Sin que el debate sea limitativo a los que enunciamos a continuación, concurren conceptos tales como: Centralidad, Área Verde, Espacio Público, Espacio Abierto, Propiedad Pública y sobre todo, entre otros posibles, el Equipamiento y su carácter público o privado en término de Usos y Destinos. Esto último está relacionado con el ejercicio de transformación en los usos de suelo planteado en los Planes Parciales de Desarrollo Urbano en proceso de revisión en Guadalajara. Consideramos que en ellos existe una imprecisa conceptualización, situación que obviamente traería serias implicaciones y graves consecuencias en cuanto a la optimización necesaria de los procesos urbanísticos que devienen eficacia hacia la armonización, la resiliencia y la sustentabilidad del entorno citadino. Esperamos su participación y valiosas aportaciones.


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LECTORES AL DEBATE

Movilidad

Es claro que algunos de los criterios aplicados por las autoridades están sesgados según el interés de los grupos que representan. Lo correcto sería no imponerlos. Caso concreto es la inadecuada convivencia entre ciclistas y automovilistas en las grandes avenidas, que son de los sitios más contaminados y nocivos para la salud. También es peligrosa la diferencia de velocidad entre ambas vialidades y el mayor riesgo es para los ciclistas. Medidos en porcentaje de usuarios/día, es asimétrica a favor del auto. Por lo cual sería más conveniente utilizar para los ciclistas, rutas alternas en mejores condiciones y menos peligrosas. Las ciclovías son necesarias. ¿No sería mejor transitar por calles de baja velocidad, con arbolado, menos contaminadas, y hacer para el ciclista un trayecto sano y placentero, y no un reto temerario de sobrevivencia ante los automovilistas alterados y siempre con prisa? Las barreras y protecciones para las ciclovías son imprescindibles y se pueden mejorar, pero en todos los casos tienen que ser susceptibles a re-diseñarse o removerse relativamente fácil, pero en ningún caso colocarse como barreras permanentes. Es el caso de la ciclovía en avenida México, en donde se plantaron árboles que no serán tan fáciles de retirar si este trayecto lo requiriese en el futuro. Por lo que esto ya contraviene toda lógica de ajuste y rectificación, que es dinámico y relativo a muchos factores adyacentes. Por consiguiente, esto no se puede permitir más. ¡Si a las ciclovías! No a la imposición de criterios retrógrados y prepotentes, carentes de un sentido ajustable.
Adrián Reynoso Gutiérrez

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JORGE FERNÁNDEZ ACOSTA, CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ, RODOLFO RAMOS OROZCO, SALVADOR DUEÑAS RODRÍGUEZ
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