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Viernes , 14.12.2018 / 02:29 Hoy

La ciudad a debate

Las obras no son sólo amores

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La obra pública es uno de los elementos de las políticas públicas gubernamentales que tiene por objeto construir los equipamientos e infraestructura necesarios para dar diferentes servicios a la población. Desafortunadamente, en los últimos años, se ha visto este tipo de políticas públicas como un fin y no como un medio para combatir la desigualdad y proveer condiciones para una mejor calidad de vida a la población.

A través del tiempo han aparecido una serie de “empresas constructoras” o supuestos “contratistas” que, lejos de prestar los servicios profesionales de proyectos o construcción con la seriedad y profesionalismo que debería de ser, han visto a la obra pública como un botín muy apetitoso donde han participado políticos, funcionarios públicos, empresarios oportunistas y hasta aficionados a la construcción en algunos de los casos.

Lo que pareciera un ejercicio técnico y sencillo de prestación de servicios profesionales para proyectar o construir una obra, en la Ley de Obra Pública en el estado y en diferentes reglamentaciones, ha dado como resultado corrupción, simulación, obras de mala calidad, elefantes blancos, impunidad y exclusión de los verdaderos técnicos facultados por la ley.

Tradicionalmente los diferentes entes de gobierno se han preocupado más en cumplir, sólo de papel, con la ley que ejecutar obras de calidad, donde se incluyan los estudios y proyectos ejecutivos necesarios para garantizar la correcta inversión de los recursos públicos.

Se han confeccionado leyes y reglamentos que dicen mucho, pero poco efectivos, totalmente desvinculados del sector de la construcción; su visión es como si proyectar o construir fuera un producto que se compra en la tienda de la esquina y no un servicio profesional prestado por técnicos, mismos que deberían de ser los responsables de los proyectos y la realización de los mismos; la lógica nos dice que así debería ser, pero la reglamentación prácticamente los ve como un mal necesario y sólo solicita su aval.

De ahí nos explicamos el por qué, en las diferentes leyes, se refieren a contratistas y no a profesionistas, y de ello resulta que bajo esta figura se han solapado a prestanombres de funcionarios y se ha generado grandes negocios e incluso se han asignado obras o pagado favores políticos, entre otros vicios, por supuesto, corrupción e impunidad.

En nuestro estado los antecedentes de legislación en materia de obra pública datan de 1933, con la “ley de cooperación, planeación y obras públicas” y que luego, a través de los años, dicha norma se fue modificando, hasta llegar a nuestros tiempos donde el gasto en inversión en la obra pública creció de una manera importante y obligó a tener una reglamentación aparentemente más completa y compleja.

A partir del 1º de agosto del presente año entró en vigor una nueva legislación en materia de obra pública que derogó la anterior ley del año 2004, misma que a su vez experimentó modificaciones en el 2005, 2008 y 2011; lo absurdo del caso es que el reglamento de esta ley fue elaborado en 1990 con la ley anterior y salvo algunas adecuaciones nunca fue actualizado por el ejecutivo del estado, situación que la hacía inoperante al presentar múltiples errores procedimentales, incongruencias y lagunas jurídicas que, por supuesto, facilitaron la corrupción.

La flamante ley de obra pública del estado de Jalisco y sus municipios, impulsada por la Cámara Mexicana de la Industria de la Corrupción (Aristóteles Sandoval dixit) delegación Jalisco, presenta claroscuros en su contenido: por un lado, innova a nivel nacional, incluyendo un capítulo especial acerca de los proyectos ejecutivos, en donde reconoce que son una obra intelectual protegida por la ley de derechos de autor y los cuales deberán ser pagados mediante aranceles profesionales, de acuerdo con el ramo profesional de que se trate y su género respectivo, además incluye a los responsables de los mismos. (El tema de los aranceles es uno pendiente que deberá resolverse pronto, por medio de una Ley relativa).

Asimismo, da orden y clasifica los tipos de proyectos y obras a realizarse, vincula la obra pública con los ordenamientos urbanísticos, estableciendo la observancia de las leyes en todo proyecto y obra pública tanto como la reglamentación y planes en materia de medio ambiente, ordenamiento territorial y desarrollo urbano, que, aunque parezca increíble, no estaba estipulado en ningún ordenamiento.

Pero, por otro lado, llaman la atención una serie de artículos que van en contra del mismo sector de la construcción, como por ejemplo;

1.- Se estipula que, mientras no se finiquite una obra, no se podrá contratar otra. La pregunta sería ¿Cuántos meses pasan entre la contratación, ejecución, finiquito y pago de esta? Es así que los constructores sólo podrán contratar una obra al año, en el mejor de los casos, así sea por montos mínimos.

2.- Se sigue estipulando que la obra pública debe de garantizar la mejor calidad, precio y financiamiento al estado; esto, en términos llanos, es: bueno bonito, barato y fiado, de tal modo que los constructores no se podrán quejar porque financian y les paguen barato; Se les olvidó que los constructores no son financieras sino que son prestadores de servicios profesionales, y que la mayoría son micros, pequeñas empresas y profesionistas independientes. Además, dentro de las incongruencias que contiene esta ley encontramos que establece que no se podrá realizar una obra si no se cuenta con la partida presupuestal requerida. La pregunta sería ¿Para qué se requiere financiamiento si se tienen los recursos económicos? ¿O es que no se tienen? De allí se derivan los vicios constantes del desvío de recursos por parte de las dependencias públicas y la mala fama de las dependencias en cuanto al pago, además de la cadena de corrupción.

3.- El contratista local, en fechas específicas, deberá presentar un sin fin de documentos para obtener su registro para poder participar en licitaciones. En cambio, el contratista foráneo con tan sólo inscribirse al concurso basta, y en caso de ganar tendrá que registrarse ¿Es eso igualdad de condiciones?

4.- Por demás preocupante es que la ley establece que habrá una contraloría social para revisión de las obras y que son ciudadanos comunes y corrientes los que verificarán la obra ¿Cómo así un ciudadano metido en temas técnicos? Además de ser contra la ley por usurpación de profesión. Por supuesto que los constructores serán rehenes para obtener el visto bueno para poder cobrar. Otra vez, la pregunta sería ¿Para qué están los supervisores de las dependencias?

5.- La ley establece que, con respecto a los finiquitos o liquidaciones de obra, los entes públicos tienen –entre revisiones y pagos– cerca de tres meses para realizarlos, después de haber terminado los trabajos. Estos tiempos meten en serios problemas a los constructores desde el punto de vista de liquidez y los hace candidatos a serios problemas económicos.

Este tipo de artículos de la ley acabarán matando a la microempresa y al profesionista independiente y favorecen a las medianas y grandes empresas. Qué triste que CMIC se haya convertido en gestora de los grandes intereses del mercado de la construcción, promulgando y avalando este tipo de artículos en la ley y en contra de los profesionistas independientes o las micro y pequeñas empresas del sector. Más de lo mismo, pero de diferente forma.

Aun con todos los claroscuros de esta nueva ley, preocupan las declaraciones de algunos funcionarios municipales, en el sentido de que no les aplica esta ley porque es para los presupuestos del estado. Se les olvida que las leyes son de observancia general en el territorio que aplique, en este caso Jalisco, tal como lo establece el artículo 1º de dicha ley pero, además, los artículos transitorios son muy claros en cuanto a la obligatoriedad de esta.

Las primeras manifestaciones y actitudes por parte de algunos de los municipios del Área Metropolitana de Guadalajara, es la de ignorar dicho ordenamiento aduciendo mil pretextos, ¿Será que les complica los compromisos del cierre de la administración? O ¿Les amarran las manos en el año de Hidalgo? Por ejemplo, es realmente inconcebible que la realidad demuestre que no se realicen proyectos ejecutivos por parte de la dependencia a cargo de la infraestructura y la obra pública del estado. Vía transparencia se obtuvo la numeralia que índica la cantidad de precios extraordinarios (fuera de catálogo) se generaron en los años desde 2013 y hasta julio de 2018. No es aceptable que ocurran hasta más de 17,000 en alguno de los ejercicios anuales. Eso quiere decir que no se hacen proyectos ejecutivos integrales. Verbigracia, el cínico director de obras públicas de Zapopan tuvo la osadía de declarar que “Si hiciera proyectos ejecutivos no haría obras”. Es insólito e indecente. Infame.

La realidad es que se cuenta con una nueva ley que en algún momento fue nombrada Anti-moches. Habrá que ver si es tan efectiva como la publicitaron. Por supuesto que habrá que corregir los errores de esta nueva ley, pero lo más importante de todo es que la ciudadanía no puede permanecer ajena a la vigilancia de los recursos públicos. Es el momento de exigir que se cumplan las leyes; demandar que se acabe la impunidad; que se realicen las obras con la calidad debida por los profesionistas, que para eso se prepararon; demandar a los funcionarios que cumplan con su trabajo, no utilizando los puestos públicos para promoción personal y en beneficio económico de su peculio.

Los ciudadanos tenemos la última palabra.

JORGE FERNÁNDEZ ACOSTA, CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ, RODOLFO RAMOS OROZCO, SALVADOR DUEÑAS RODRÍGUEZ
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