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Jueves , 22.11.2018 / 06:03 Hoy

La ciudad a debate

Eficientismo: Gestión pública de corto plazo

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Desde este espacio de “La Ciudad a Debate” hemos señalado en forma reiterada, la necesidad de visualizar y planear el desarrollo de la ciudad de forma integral. Con planes y programas donde se contemple la metrópolis como a un todo, y no como se ha venido haciendo hasta ahora, de forma aislada y dispersa. Donde cada municipio apela al artículo 115 constitucional para hacer de su gestión territorial, cotos de poder y manejo discrecional de la planeación urbana, con todo lo que ello implica.

Al inicio de las actuales administraciones municipales que están por concluir, parecía -al menos en el papel- que la propuesta de la planeación urbana de los gobiernos emanados del Partido Movimiento Ciudadano (MC) en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), sería enfocada desde la visión de la gestión integral. Cabe recordar que en los ayuntamientos que iniciaron periodo en 2015, se creó la Dirección de Gestión Integral de la Ciudad.

Incluso, en enero del presente 2018, se ampliaron las atribuciones del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), que ahora será llamado Instituto de Planeación y Gestión del Desarrollo del AMG; creando con esta visión, el Sistema Integral de Desarrollo Metropolitano, y del cual, el propio Imeplan será la instancia coordinadora.

Sin embargo en la práctica esto no ha resultado así. De acuerdo a Eduardo Wiesner, debemos entender la “Gestión Integral” como aquella en la que los procesos de planeación, ejecución y evaluación se articulan permanente; retroalimentándose y permitiendo el rediseño continuo de las acciones públicas. Es decir, la gestión integral implica ir, de la planeación y la ejecución a la evaluación constante, para regresar, en forma cíclica, de nuevo a planear.

Hablando de esta evaluación, el propio Wiesner nos dice que, en el ámbito de la administración pública en países de Latino América, la necesidad de evaluación surge de tres situaciones: 1) La necesidad de la racionalizar los escasos recursos. 2) El costo político cuando se percibe poca eficiencia y eficacia de los programas públicos. 3) La mayor demanda de transparencia por sociedades más democráticas.

Siendo la permanencia en el poder, la premisa principal de todo político, el punto número 2, que hace énfasis en el costo político, resulta de mayor interés e importancia para el gobernante en turno. Lo que le invita a crear en el imaginario popular, una imagen de eficiencia administrativa de los bienes públicos.

En materia administrativa y de gestión pública, es frecuente encontrar que la implementación de los planes y programas, sea evaluada en base a la eficacia y eficiencia logradas. Donde la eficacia es definida como la capacidad del logro o cumplimiento de los objetivos planificados y la eficiencia es ligada al cumplimiento de estos objetivos con la menor cantidad de recursos.

Esta exigencia de eficiencia y eficacia en la gestión pública, es la respuesta del gobierno a las manifestaciones ciudadanas por la pérdida de credibilidad en el sector público, como el principal obligado de generar bienestar social. De acuerdo a la investigadora Isabel García, sumado a esto, el creciente déficit público, invita a las administraciones locales a implementar modelos internacionales de gestión, como la denominada “Nueva Gestión Pública” (NGP), que se basa en un nuevo sistema operativo público y una nueva filosofía de actuación que involucra actores privados en roles cada vez más determinantes.

Y es que, en aras de lograr tales metas de eficiencia, la NGP, propone entre otras cosas, delegar la provisión de programas de gobierno y servicios públicos al mercado. Para lo que son necesarias, la formulación e implementación de estrategias que involucren actores dentro y fuera del Estado.

Regresando al caso local, encontramos que en el afán de lucir ante la opinión pública y el imaginario colectivo como un gobierno altamente eficaz, el actual ayuntamiento de Guadalajara ha realizado negociaciones, e implementado programas públicos donde se privilegia el cumplimiento de los objetivos, pero se ha dilapidado de forma imprudente e irresponsable los bienes de propiedad pública.

Así nos encontramos con casos como la renegociación del convenio de asociación del proyecto “Puerta Guadalajara”, ahora iconia. Donde a pesar del incumplimiento reiterado de los socios privados, el ayuntamiento le reconoce derechos perdidos y le refrenda la confianza, en lugar de continuar con el procedimiento legal que le regresara a la comuna la totalidad del predio.

Igualmente podemos citar el caso del predio del vertedero de basura adjunto al parque de La Liberación, que en lugar de ser rehabilitado como un espacio público de calidad para la zona sur, es vendido por debajo de su valor y pactado su pago en especie, ponderando el logro de objetivos de su programa de Desarrollo Orientado al Transporte “DOT”, por encima de la necesidad de recuperar espacios verdes para revertir el déficit que en la materia tiene la ciudad.

En este orden de ideas, nos encontramos que en días recientes se ha suscitado una serie de fricciones entre el ayuntamiento de Guadalajara y vecinos de la colonia Arboledas Sur, que acompañados de organizaciones no gubernamentales, activistas y colectivos defensores del medio ambiente se han enfrentado a elementos de la policía de Guadalajara por el inicio de obras construcción en la arboleda.

Mientras que el ayuntamiento de Guadalajara asegura que las obras que ahora han sido detenidas por mandato del Primer Tribunal Colegiado de Distrito en Materia Administrativa, iban encaminadas al mejoramiento del parque, con andadores, juegos infantiles y pista para trotar; los vecinos aseguran que el ayuntamiento solo tiene la intención de allanar el terreno para la eventual construcción de un complejo habitacional que se edificaría sobre un predio que de origen era de área verde y propiedad pública.

Si bien el inicio de este conflicto data de 1994, año en que los gobiernos federal y estatal impugnan una escritura presentada por particulares que se decían propietarios del predio; y los errores y omisiones legales cometidos en las administraciones de Garza Martínez y Ramiro Hernández permitieron que el problema escalara, fue en la actual administración que el problema detona ante la opinión pública.

Basado en esta visión eficientista de la gestión pública, el actual ayuntamiento de Guadalajara negocia con los empresarios que se asumen como propietarios para lograr en el menor tiempo posible un acuerdo conciliatorio. Sin embargo, mientras que el ayuntamiento de Guadalajara enarbola la bandera de la victoria asegurando que recuperó el 65% de la superficie del parque; los vecinos reclaman la tibia actuación de la administración municipal que no solo cede parte de la superficie del parque, sino que además abre la puerta para la eventual urbanización de este importante pulmón verde, en detrimento de la calidad de vida de vecinos y ciudadanos en general.

El punto clave del asunto fue la modificación de uso de suelo al que fue sometido el predio durante la revisión y publicación de los nuevos Planes Parciales de Desarrollo Urbano (PPDU) por la actual administración en fechas recientes, y que cambian la fracción que quedaría en posesión de los desarrolladores inmobiliarios de “EV-2 04” (Espacio Verde) a “CS2”, Comercio y servicios; y con ello, la posibilidad de gestionar en lo futuro, las licencias de construcción para la urbanización del predio en cuestión.

Aunque el ayuntamiento Tapatío pudo mantener el uso de suelo como área verde en los nuevos PPDU, este cambio promovido desde la autoridad, invita a pensar que fue parte de la moneda de cambio en la negociación; por lo que los vecinos de Arboledas del Sur aseguran que se está privilegiando los negocios inmobiliarios sin escuchar las voces ciudadanas.

Más allá del estilo personal que cada gobernante imprima a su gestión, y de los modelos de administración y gestión pública que se determine implementar en el ayuntamiento que le toque encabezar, debiera prevalecer la aspiración superior del bien común por sobre logros exiguos y cortedad de miras.

Nuestra postura es, insistir en la necesidad de visualizar y planear el desarrollo de la ciudad de forma integral. No solo respecto de la integración de demarcaciones políticas en la planeación urbana –que no se hace-, sino, además, en la gestión del territorio en todos sus componentes. Reconociéndolo como un solo sistema que involucra temas diversos y aparentemente distantes, pero que se encuentran interconectados entre sí.

Aspectos medioambientales, que incluyen y contemplan los recursos hídricos, los tipos de suelo y las áreas verdes urbanas y sub urbanas; Aspectos sociales, económicos y de patrimonio cultural. Marco jurídico que da certeza y viabilidad a los proyectos y programas; Son solo algunos de los componentes de este sistema complejo.

Como ejemplo de esto, diríamos que resulta obligado entender que la gestión de las áreas verdes y espacios públicos (escasos de por sí), de la ciudad de Guadalajara, terminará por afectar invariablemente a aspectos sociales, económicos y de salud pública.

EN PROSPECTIVA...

Arbolado en estado de riesgo

Recientemente el ayuntamiento de Guadalajara elaboró el censo de arbolado existente en el municipio, arrojando datos que son esclarecedores en cuanto a la fragilidad de la masa arbórea en la ciudad.

De acuerdo a este censo, el 42.21% del arbolado tapatío se ubica en la vía pública. Sobre vialidades, banquetas y camellones. Manteniéndose en un continuo estado de riesgo y fragilidad, debido a las podas constantes y agresivas por parte de las compañías “cableras” de televisión de paga, la Comisión Federal de Electricidad, y los comercios y oficinas que desean que su fachada esté libre de “obstáculos” visuales.

Otra parte importante de los 929 mil ejemplares detectados, cerca del 35.18%, se encuentra en el interior de manzanas. La mayoría dentro de predios privados; lo que dificulta su cuidado y revisión, e impide asegurar su permanencia.

Un 11.74% está ubicado en la barranca. Lo que corrobora la relevancia para la estabilidad medioambiental que tiene este elemento para la ciudad. Y por ello, la necesidad de gestionar los decretos pendientes para su protección en todo su cruce con el AMG.

Por último, llama la atención que solamente el 8.87% del arbolado tapatío se encuentra en parques, plazas y jardines públicos. Algo que se suponía y ahora se corrobora con datos estadísticos: Existe un importante déficit de áreas verdes y de espacios públicos en Guadalajara. Por tal, utilizarlos para desarrollos inmobiliarios es como darse un tiro en el propio pie.


JORGE FERNÁNDEZ ACOSTA, CARLOS ENRIQUE MARTÍNEZ, RODOLFO RAMOS OROZCO, SALVADOR DUEÑAS RODRÍGUEZ
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