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Domingo , 24.06.2018 / 06:11 Hoy

La Benemérita Opina

Interés público y planetario

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La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), señala, en su art. 27: La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde, a la Nación. Las expropiaciones se harán por causa de utilidad pública. La Nación, tendrá, en todo tiempo, el derecho de imponer a la propiedad privada, las modalidades que dicte el interés público; la Nación, deberá regular la propiedad en beneficio social, el aprovechamiento de los recursos naturales susceptibles de apropiación, para hacer una distribución equitativa de la riqueza pública; la Nación, deberá cuidar la conservación de dichos recursos para lograr el desarrollo equilibrado del país y mejorar las condiciones de vida de la población.

Por tanto, la Nación, deberá dictar las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer las provisiones adecuadas; así como los usos, reservas, destinos de tierras; aguas y bosques en la ejecución de obras públicas; también la Nación, deberá planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población, deberá preservar y restaurar el equilibrio ecológico.

En armonía a lo anterior, el art. 25 CPEUM, establece: El Estado es el Rector del Desarrollo Nacional y deberá garantizar que sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático; que mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico, el empleo y una justa distribución del ingreso y la riqueza, que permita el pleno ejercicio de la libertad y dignidad de las personas, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege la Constitución de México.

En el artículo tercero de la propia CPEUM, se especifica que la educación en México, tenderá a desarrollar, en forma armónica (integral), las facultades del ser humano y en el artículo cuarto de la propia Norma Rectora, además de establecer los derechos de alimentación, nutritiva y suficiente; las personas tienen derecho al uso, acceso, disposición, saneamiento; su uso equitativo y sustentable; además, se tiene derecho a la salud y se expresa que toda persona tiene derecho a un ambiente sano para su desarrollo y bienestar; el Estado deberá garantizar el medio ambiente adecuado para el desarrollo armónico de las personas y sus familias, el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque.

De las anteriores disposiciones constitucionales, además de las normas internacionales de las que México forma parte y de la propia legislación federal, en la que se armonizan las disposiciones estatales y municipales, es claro que el uso, aprovechamiento y explotación de los recursos humanos, naturales, como el agua, el aire, los bosques y demás, son para el bienestar general, de la población, comunidad o sociedad, ya que las agrupaciones humanas vivimos para lograr un mejor desarrollo y perfeccionamiento como seres humanos.

La Revolución de México de 1910, estalló porque el pueblo se hartó de que unos cuantos extranjeros, coludidos con supuesta gente de aquí, pero contraria intereses propios, explotara al pueblo y sus recursos en beneficio propio y que dichos recursos emigraran al extranjero, como hace quinientos años.

Por tanto, cualquier resolución judicial, reforma legal o constitucional, no procede para enajenar los bienes del pueblo y del planeta, ya que cuando la gente, en plenitud de conciencia, se dé cuenta de dicho robo, lo recuperará.

José de Jesús Covarrubias Dueñas

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