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Seguridad nacional y el derecho a la información

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El derecho a la información es considerado por algunos como el derecho público a saber o dar a conocer a la población información sobre el cumplimiento del Estado frente a un sistema de contrapesos, es decir, acceder a elementos de información que se encuentran en poder del Estado con carácter de reservado.

La seguridad nacional deber ser entendida, entonces, como la prioridad que tiene el Estado de preservar "en carácter confidencial" información sensible en su forma limitativa ya que dicha información puede ser usada de forma errónea y, por lo tanto, debe ser guardada pues constituye un pilar importante de la misma seguridad. Sin embargo, esta discrecionalidad puede caer en el abuso, dejando al ciudadano en carácter de vulnerable ante los excesos de autoridades y, lo más grave, en forma de indefensión ante alguna flagrante violación de derechos humanos.

El equilibrio entre estos dos contrapesos genera certeza jurídica, independencia de la justicia, libertad con responsabilidad de los medios de información, claridad en la rendición de cuentas y uso de los recursos públicos. Por otra parte, existe el interés legítimo de seguridad nacional, el cual, estará desprovisto de intereses partidistas y particulares: generar el bien común sobre el interés individual. El sector «seguridad», caracterizado por incluir fuerzas armadas, policiales, servicios de investigación y de inteligencia, la agenda y cuidado del representante del ejecutivo federal, entre otros, no debe ser sujeto a negociación, sino a claridad y respeto a los derechos humanos sin transgredir el funcionamiento de las entidades públicas.

Los factores que favorezcan la divulgación razonable, deben estar vinculados al debate participativo desde sus diferentes rubros, es decir, facilitar la rendición de cuentas y políticas de transparencia en asuntos de interés relevante, lo cual no se convertirá en exposiciones mediocres sobre intereses particulares. Lo anterior sólo menoscaba la confianza en las instituciones y debilita la representación que el Estado debe tener como símbolo de seguridad y certeza jurídica.

Una institución independiente en recursos y designación de titulares, debe destinar sus políticas a las medidas necesarias para restringir un derecho público por causa legítima, como lo puede ser la infraestructura militar, los sistemas de inteligencia y toda la información que supondría "de ser divulgada" una amenaza real para la seguridad nacional. No siendo el caso de la flagrancia de violaciones a los derechos humanos, el Estado debe garantizar el derecho al debido proceso, reparación y compostura del daño como forma inherente de su responsabilidad institucional. En conclusión, el equilibrio y reglas claras entre estas dos fuerzas.

ELIZABETH ESPINOZA
elizabeth.espinoza@udlap.mx

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