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Jueves , 13.12.2018 / 12:29 Hoy

Escuela Libre de Derecho de Puebla

Usura y anatocismo

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A pesar de los tiempos difíciles por los que nuestro país atraviesa, es claro que en México existe la explotación del hombre por el hombre, violentándose la dignidad humana y el patrimonio de éste, como consecuencia del cobro de intereses tanto ordinarios como moratorios en forma excesiva en la mayoría de los préstamos tanto de casas privadas como de instituciones financieras o crediticias, fomentando así la usura y de la misma forma el anatocismo.

Debe entenderse por usura el cobro excesivo de intereses tanto ordinarios como moratorios; y por anatocismo, la capitalización de dichos intereses usurarios.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la Carta de San José de Costa Rica considera a la usura como un atentado contra la dignidad humana y se ha pronunciado por una prohibición al respecto en su artículo 21, numeral 3, en el que ha declarado prohibir la explotación del hombre por el hombre.

A pesar de ello en las distintas operaciones crediticias entre comerciantes, o bien entre particulares e instituciones financieras o de crédito, lamentablemente se ha dejado de observar este principio universal y a pesar de su prohibición se vive día con día.

Vale la pena resaltar que la Ley de Instituciones de Crédito promulgada desde la época de Carlos Salinas de Gortari, en su artículo 1°, dispone que dicha ley es de orden público y de observancia general en los Estados Unidos Mexicanos, y tiene por objeto regular el servicio de Banca y Crédito, la organización y funcionamiento de las Instituciones de Crédito, las actividades y operaciones que las mismas podrán realizar, su sano y equilibrado desarrollo, la protección de los intereses del público y los términos en que el Estado ejercerá la rectoría financiera del Sistema Bancario Mexicano. Desafortunadamente dicha protección de los intereses del público ha quedado en letra muerta al romper y violentar, precisamente, los derechos humanos de todos aquellos acreditados que guardan una relación económica con diversos entes financieros, bancos, casas de préstamo, particulares, comerciantes, etcétera.

Al respecto, es importante resaltar que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ánimo de mantener un equilibrio, también se ha pronunciado en contra de la usura, proponiendo la menor afectación posible a los deudores, haciendo valer precisamente la Convención Americana Sobre Derechos Humanos.

En efecto, por primera vez, la Corte aborda el tema de intereses usurarios, tanto en materia mercantil, así como de las penas convencionales en materia civil y refiere que ante la presencia de una tasa de interés que de pauta a inferir una transgresión al derecho a no ser explotado el hombre por el hombre, aún a pesar de que dichas tasas de intereses pudieran haber sido pactadas en términos del artículo 174, párrafo segundo de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, sea notoriamente usuraria, de oficio el juez podrá reducirla prudencialmente.

Con ello la autoridad juzgadora se ve obligada, a pesar del pacto que exista entre las partes sobre la libre convención de intereses, a valorar el cobro a usurarios de estos y evitar la transgresión siempre en razón de la proporcionalidad, determinando por primera vez un valor de justicia, más que un principio de derecho, pretendiendo evitar el ataque a la dignidad humana y eliminar la posible explotación del hombre por el hombre, evitando el enriquecimiento de manera abusiva y excesiva que conlleva a la injusticia, ponderando siempre una situación benigna para el deudor, evitando el detrimento excesivo y pretendiendo con ello inhibir el cobro de intereses usurarios, situación que desde febrero del año 2013, faculta de manera oficiosa a la autoridad juzgadora.

Por lo anteriormente propuesto, es importante salvaguardar los derechos humanos por parte de las autoridades y evitar el provecho y abuso sobre la propiedad o patrimonio del hombre por el cobro de intereses excesivos, así que evitemos fomentar ello y exijamos de nuestras autoridades mexicanas, la aplicación masiva de dichos principios.

MIGUEL ÁNGEL RAMÍREZ Y VILLAFAÑA

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