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Escuela Libre de Derecho de Puebla

A 7 años de la Reforma Constitucional en materia de Amparo

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El pasado miércoles 6 de junio se cumplieron siete años de la publicación de la reforma constitucional en materia de Amparo, que posteriormente originó la creación de una nueva Ley de Amparo que entró en vigor en México el día 3 de abril del año 2013. Es importante destacar que el juicio de amparo es una noble institución jurídica, orgullosamente mexicana, cuyo origen data desde el año de 1840, gracias a la aportación don Manuel Crescencio Rejón, que en el artículo 53 de la Constitución del Estado de Yucatán estableció por primera vez que le correspondía a la Suprema Corte de Justicia de aquella entidad, amparar en el goce de sus derechos a toda persona que pidiera su protección, en contra de actos de los Poderes Legislativo o Ejecutivo estatal, que fueran contrarios a la Constitución yucateca. Posteriormente el Juicio de Amparo se federalizó con el surgimiento del Acta de Reformas de 1847, gracias al célebre voto particular del destacado jurista jalisciense Mariano Otero y Mestas, quien propuso el reconocimiento de un Estado liberal, federal y garantista, concediendo al Poder Judicial de la Federación la importante tarea de asumir el control constitucional, el cual había sido reconocido por la Corte Suprema de los Estados Unidos de Norteamérica en 1803, con la famosa sentencia del Caso Marbury vs. Madison.

A más de 170 años del nacimiento del juicio de amparo, y a 7 años de su Reforma Constitucional, podemos asegurar que continúa siendo el medio de defensa y protección por excelencia de los gobernados, para combatir actos arbitrarios emanados de las autoridades (y ahora también de los particulares con la nueva Ley de Amparo) en contra de la Constitución; sin embargo de acuerdo a un estudio recientemente difundido por el académico e investigador José Luis Soberanes Diez, con base en estadísticas judiciales del año 2017, publicadas por el Consejo de la Judicatura Federal, (aunque solamente fue una muestra representativa de los juicios de amparo en materia administrativa de la Ciudad de México), el 59.68% del total de las demandas que se presentaron por los justiciables, no fueron analizadas de fondo por los jueces federales, ya sea porque se tuvieron por no interpuestas, se desecharon o se sobreseyeron. De igual forma sólo el 15.78% de las demandas de amparo egresaron sin problemas procesales.

Ahora bien, de aquellas demandas que tuvieron la fortuna de ser admitidas para su análisis de fondo del asunto, únicamente en un 9.6% se concedió la razón al quejoso. De aquellas demandas en donde el juzgador otorgó algún tipo de concesión (ya sea que ampara simplemente, ampara y no ampara, y las que ampara y sobresee) representa el 20% de los egresos. Por si fuera poco, respecto a los recursos en materia de amparo, solo el 16% de ellos resultaron ser fundados. En síntesis el académico concluye que existe un 80% de probabilidades de que un quejoso no obtenga absolutamente nada en un juicio de amparo. Estas cifras son contundentes, y quizás explican la percepción negativa mayoritaria de la sociedad mexicana acerca del funcionamiento del sistema de justicia. Puede ser que para algunos miembros del P.J.F. justifiquen estos porcentajes al bajo nivel de preparación de los abogados litigantes en México, pero tampoco podemos soslayar que ante la carga excesiva de trabajo en los juzgados federales, pudiera ser que el personal judicial buscara afanosamente deshacerse en gran medida de las demandas, aplicando un parámetro riguroso acerca de los requisitos procesales y causa de improcedencia del juicio de amparo.

Habrá que reflexionar con seriedad y profundidad respecto del tema.

RAMSÉS CASTAÑÓN AMARO

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