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Domingo , 23.09.2018 / 21:51 Hoy

Derechos Humanos

Presunción de inocencia, ficción o realidad

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El derecho de presunción de inocencia establecido en el artículo 20 de nuestra Carta Magna se instituye como un criterio rector y orientador en el trato de todo imputado, así como una garantía judicial donde la persona tiene derecho a que presuma su inocencia y a ser tratada como inocente hasta que no se demuestre su culpabilidad o se establezca legalmente en sentencia judicial.

Por ende, exige que una persona no pueda ser condenada mientras no exista una prueba fehaciente de su responsabilidad penal y que ante la falta de medios de convicción, o que las pruebas sean incompletas e insuficientes, entonces lo procedente será absolverla.

Asimismo, conlleva a que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida o impregnada de especulaciones de que el acusado ha cometido una conducta antisocial, pues la carga de la prueba estará a cargo de quien acuse y cualquier duda debe usarse en beneficio y no en detrimento de la libertad personal. En ese sentido, no se puede incriminar a una persona sin la certeza de que ha cometido el ilícito, de lo contrario, se estaría ante una clara transgresión a este derecho.

Lastimosamente, en diversas ocasiones en los medios escritos y televisivos se hace alarde a presuntos culpables, aún, sin tener la certeza de su responsabilidad penal o sin que medie una resolución judicial. Lo anterior, debido a que la información es arrojada de manera preliminar, y con ello, lesiona otro derecho humano fundamental que es el debido proceso, el cual implica una adecuada y oportuna defensa, ser asistido jurídicamente, la garantía de audiencia y ser juzgado en un plazo razonable.

En este contexto, ninguna persona puede ser estigmatizada como delincuente, ya que los efectos colaterales en la colectividad y proyectos personales son inevitables. En consecuencia, el derecho de presunción de inocencia debe hacerse palpable en el quehacer diario de las autoridades para poder lograr efectividad y recuperar la confianza en las instituciones, donde siempre prevalezca una visión humanista y se materialicen los derechos fundamentales.

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