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Martes , 23.10.2018 / 03:40 Hoy

Derechos Humanos

La jurisdicción estatal en el ámbito internacional

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No obstante que en principio el Estado ejerce su potestad soberana en el territorio que legalmente le corresponde, en los supuestos previstos en su respectivo orden jurídico, algunas autoridades ejercen atribuciones más allá de los límites de su área geográfica; verbigracia, a través de buques en altamar, navíos militares, embajadas, consulados, adquisición de inmuebles, etcétera., lo cual, históricamente, ha generado conflictos interestatales así como violaciones a derechos fundamentales.

Por ello, tanto en el Sistema Universal como en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se emitió la normativa convencional mediante la cual se llegó al consenso de la responsabilidad internacional de cada Estado como parte en los hechos que extraterritorialmente le sean atribuibles.

En efecto, en los artículos 2.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos se prevé la responsabilidad estatal de respetar y garantizar los derechos de las personas que se encuentran en su territorio así como de quienes están sometidas a su jurisdicción, esto implica el control que efectivamente un gobierno nacional puede ejercer sobre las personas, aun en el caso de que no se encuentren físicamente en sus límites geográficos, independientemente de su nacionalidad o apatridia.

Al resolver el caso Drozd y Janousek vs. Francia y España (sentencia del 26 de junio de 1992), el Tribunal Europeo de Derechos Humanos estableció el criterio de que el término jurisdicción no debe confundirse con el de territorio, refiriéndose también a actos que produzcan efectos fuera de la demarcación del Estado denunciado. Precedente que se reiteró en el diverso Bankovic y otros vs. Bélgica y otros (sentencia del 12 de diciembre de 2001).

De lo anterior, se colige que todo Estado parte de los citados instrumentos internacionales, invariablemente debe ceñir su actuación al respeto de los derechos humanos de toda persona sometida a su jurisdicción, en el ejercicio de sus atribuciones y cumplimiento a sus obligaciones convencionales; actividad que contribuirá a la perenne construcción de los derechos fundamentales.

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