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Lunes , 18.06.2018 / 01:34 Hoy

Derechos Humanos

Derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación

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En el mundo actual, la evolución constante de herramientas tecnológicas y de información repercute en el ejercicio pleno y goce de los derechos humanos reconocidos por el máximo ordenamiento legal. De tal suerte que, el 12 de junio de 2013, entró en vigor el párrafo tercero adicionado al artículo sexto de la carta política fundamental, con el fin de que el Estado mexicano vele por su adecuada materialización.

En materia, el precepto constitucional aludido exige al Estado garantizar de manera irrestricta el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación, con inclusión de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones y, sin duda alguna, el acceso a internet. En consecuencia, cualquier acción que restrinja o limite el acceso a la información y a los medios tecnológicos de comunicación, violenta las libertades humanas y coarta su derecho legítimo a la información.

Sin duda, el acceso libre a plataformas tecnológicas otorga a los ciudadanos, sin distinción alguna, la posibilidad de acceder y requerir de las dependencias gubernamentales la información y servicios que demande y le sean de utilidad; permite el acercamiento, entre las autoridades de las diversas esferas de poder y sus gobernados, convirtiéndola en una relación proximal palpable.

Cualquier menoscabo u obstáculo interpuesto entre el ciudadano, los equipos y redes tecnológicas fomentaría la existencia de personas excluidas de la información y del mundo digital, carentes del medio idóneo para manifestarse y reclamar de sus autoridades el ejercicio transparente de sus facultades y atribuciones, cuyos resultados deben hacerse del conocimiento del núcleo social.

Bajo estas premisas, es necesario que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, implementen la utilización de medios electrónicos que de manera permanente se encuentren disponibles y accesibles para que las personas puedan hacer uso de los mismos, se garantice el libre ejercicio de sus derechos y primordialmente satisfagan acuciosamente sus requerimientos.

Responsabilidad directa para el Estado representa reglamentar y consolidar los mecanismos de control eficaces que, en conjunto, orienten su utilización apropiada y segura.

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