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Martes , 16.10.2018 / 09:42 Hoy

Vesperal

Los Bemoles del Derecho a la Comunicación

Tomás de Híjar Ornelas

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En 1921 José Vasconcelos acometió una proeza jamás vista en México promoviendo una campaña a favor de la lectura y el libro que incluyó tirajes de miles de ejemplares de obras literarias imprescindibles. Secundándolo, su discípulo Jaime Torres Bodet oficializó en 1959 el texto gratuito. Entre estas dos luminosas iniciativas y la consolidación del Estado editor ya han pasado muchos años sin que a nadie se le ocurra poner límite a los impresos ramplones, insulsos y vacíos de contenido en lo que han venido a parar estos últimos hasta situarse en las antípodas de lo que debe ser la iniciación al gusto por la lectura y el libro, dando pie, irónicamente, a que los escolares pasen a ser potenciales adversarios del libro objeto y de sucontenido.

El consejo editorial que revise y dé licencia de publicación a los libros de texto gratuito debería correr parejas con otro de ciudadanos que periódicamente evalúe el fruto de esos manuales, que no por gratuitos han de ser de baja o mala calidad. Por eso, ahora que se proyecta una nueva Ley de Cultura, sería más que nunca oportuno incluir en ella, junto con el reconocimiento del derecho a la lectura aparejado al acceso al libro y a las bibliotecas, el derecho a una comunicación escrita que abone lo que ya tutela la Constitución mexicana respecto a la libertad de expresión y el derecho a la información, opinión, reunión, asociación, libertad de pensamiento, educación y honor.

Un mecanismo ciudadano de esta índole debe tener por meta, en lo que a la lectura respecta, la búsqueda incesante de recursos que, teniendo como punto de partida el pensamiento surrealista del niño, sea luego lúdico y creativo y, finalmente, reflexivo y crítico, encauzado siempre a la adquisición de un mínimo orden mental, pues sin él la opinión comienza por criticar sin fundamento los hechos, ironiza acerca de ellos y concluye opinando a la ligera sin ofrecer propuestas o compromisos concretos.

En circunstancias como la nuestra, donde al menos en las ciudades ya no faltan escuelas y profesores, las taras intelectuales de la inmensa mayoría de nuestros “pensantes” derivan de la mala formación en el hogar, de la adicción a los medios electrónicos de chicos y grandes, de la baja calidad educativa en las aulas y de la diarrea de información de nuestro tiempo. Por tanto, seguir malversando recursos humanos y materiales en textos gratuitos carentes de calidad editorial y de contenido es por lo menos perverso.

Y si el libro y la lectura son herramientas imprescindibles para que el lector arribe al pensamiento crítico, un estatuto jurídico para regular en México tales instrumentos ha de tener como tarea impostergable la consecución de un proceso graduado y sostenido que facilite a la niñez perspectivas más nobles que la económica dominante, ofreciéndose algo mejor que los hábitos con los que la recién inaugurada era electrónica banaliza, mutila, embrutece y distorsiona bajo los más especiosos títulos, la capacidad intelectual de los lectores en ciernes sin que nadie estornude por ello.

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