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Lunes , 18.06.2018 / 04:36 Hoy

Vesperal

El patrimonio y las paradojas del nacionalismo

Tomás de Híjar Ornelas

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Ninguna persona que haya padecido las incoherencias jurídicas de una legislación no sólo añosa sino también contradictoria, sabe que el corpus jurídico que debería proteger el patrimonio tangible e intangible de los mexicanos más bien alienta su destrucción, toda vez que adjudica a quienes menos deben gestionarlo, la burocracia estatal, un protagonismo que se arregla con cohecho o no se arregla.

Nadie ignora que las leyes mexicanas en materia patrimonial aún vigentes nacieron en tiempos en los que la prioridad era asegurar la rectoría del Estado-Nación como garante exclusivo de los destinos de la patria mediante la exaltación del pasado remoto, la negación del pasado inmediato y el desconocimiento del presente ajeno al deseo ardoroso e ideologizado de los que en su tiempo gestaron un sistema de protección que hoy en día además de anacrónico e inoperante estimula su deliberada omisión.

La 'tutela' que intentan dar las leyes que 'nacionalizan' el patrimonio encapsulándolo en fórmulas jurídicas interpretadas por instancias incapaces de alentarlo, han creado toda una maraña en la que se ve inmersa la federación, los gobiernos estatales y municipales, pisándose cada una los talones sin llegar a ninguna parte.

Ante todo, debe replantearse el impreciso término 'patrimonio' desde una visión antropológica que reconozca a la comunidad política, al pueblo, ese rango sin el cual lo demás sale sobrando. El patrimonio sólo es tal si está anclado en la educación, la cultura, la lengua, los usos y las costumbres; en las producciones tangibles e intangibles que de ellos derivan; en la herencia sin fisuras que tal patrimonio representa, visto como eslabón de una red de continuidades que no nace, se desarrolla y evoluciona a golpe de decretos sino a partir de manifestaciones sensibles y puntuales; y en las soluciones que deben tomar en cuenta ante todo a la comunidad que naturalmente ha de resguardar ese patrimonio acogiéndolo como algo distintivo y original de un segmento del pueblo que lo produjo, tomando en cuenta siempre la remoción de los tropiezos a la calidad de vida, que en última instancia ha de decidirlo todo.

Si no son la naturaleza, el hábitat, el hombre de a pie, sus producciones, bienes y servicios los que sirvan de eje transversal al rescate, fomento y uso del patrimonio, este seguirá secuestrado por burócratas de baja estofa o al servicio de intereses mezquinos, temporales y predadores, como vemos sucede en la Riviera Maya respecto a los vestigios de la antigua civilización de ese nombre, arrasados fatalmente por los desarrollos turísticos que en los últimos años han crecido como las setas en el pudridero de la especulación mercantilista.

Nada halagador es entre nosotros lo que en otros lugares está bien constituido desde hace mucho: el reconocimiento jurídico del patrimonio en sentido amplio y a cargo, en primer lugar, de sus custodios naturales: el vecindario, la comunidad, la gente común. En México este orden se da a la inversa. Y así seguirá pasando mientras el cuerpo aguante.

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