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Martes , 23.10.2018 / 01:30 Hoy

Entresijos del Derecho

Una réplica para la Corte

Sergio López Ayllón

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La libertad de expresión es una pieza central de la vida democrática. Pero el alcance del ejercicio de esta libertad nunca ha sido terreno pacífico. Hoy el tema es aún más importante y complejo por la omnipresencia de los medios de comunicación y la nueva realidad generada por las redes sociales, que han trastocado algunos de los elementos con los que tradicionalmente se habían delimitado las coordenadas de su ejercicio.

Una de las piezas del entramado institucional que busca asegurar un ejercicio amplio pero responsable de la libertad de expresión lo constituye el derecho de réplica. Aunque en su diseño original estaba pensada para los medios impresos, su concepto evolucionó en el siglo XX. Quizá su mejor expresión se encuentra en el artículo 14 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que dice: “Toda persona afectada por informaciones inexactas o agraviantes emitidas en su perjuicio a través de medios de difusión legalmente reglamentados y que se dirijan al público en general, tiene derecho a efectuar por el mismo órgano de difusión su rectificación o respuesta en las condiciones que establezca la ley”.

Con motivo de la reforma electoral de 2007 se adicionó el artículo 6 de la Constitución para establecer que “el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley”. Ni en la exposición de motivos ni en los dictámenes de dicha reforma se abundó en las razones y propósitos para incluir este derecho. Solo se otorgó al Congreso un plazo de seis meses para que expidiera la ley reglamentaria respectiva.

Dicho plazo se prolongó por casi una década, pues fue hasta el 4 de noviembre de 2015 que se publicó la ley reglamentaria respectiva. Quizá habría que decir, en descargo del legislador, que la tarea no era sencilla. Reglamentar el derecho de réplica supone encontrar balances muy delicados y resolver el problema de cómo hacerlo efectivo a través de procedimientos expeditos que ocurren fundamentalmente entre particulares (personas y medios de comunicación). Pero también hay que decir que esa ley tenía graves deficiencias de fondo y forma.

La consecuencia era previsible. En diciembre de 2015 la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el PRD y Morena interpusieron sendas acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia. A principios de noviembre de 2016 el pleno de la Corte conoció el proyecto de sentencia presentado por el ministro Alberto Pérez Dayán. Luego de tres sesiones de discusión, el proyecto fue desechado y returnado al ministro Javier Laynez.

Durante seis sesiones (algo realmente inusual) que tuvieron lugar a finales de enero de este año la Corte finalmente resolvió el asunto. El proyecto era acucioso, la discusión fue ardua y generó muchos votos concurrentes. El resultado, para decirlo en dos palabras, es una reconfiguración completa del derecho de réplica. Dejo para otra ocasión los detalles. Me importa destacar que este es un buen ejemplo de al menos dos problemas, sin buena solución, que enfrenta la Corte cuando tiene que examinar la constitucionalidad de una ley mal hecha de principio a fin.

Por un lado, la Corte tiene que establecer mandatos precisos para que el legislador pueda enmendar el error de diseño, pero sin sustituirlo y suponiendo que los acatará cabalmente. Por otro lado, cuando determina la inconstitucionalidad de algunas de las disposiciones de la ley, en particular en materia de procedimiento, tiene que suplirlo (así sea temporalmente) para no dejar a los ciudadanos en estado de indefensión.

El asunto deja varias reflexiones. Urge profesionalizar a nuestro Poder Legislativo para dotarlo de mejores herramientas y métodos que le permitan hacer mejor su tarea. No se trata de sustituir a la política con la técnica, sino usar a la técnica para apoyar las decisiones políticas. Además, quizá conviene pensar en rediseñar las acciones de inconstitucionalidad para permitir que la Corte no cargue con el peso de una tarea que no es la propia, y le permita de manera más eficiente fijar los parámetros de constitucionalidad en lugar de entrar a todos los detalles, tarea que no corresponde a un tribunal constitucional. Sólo nos queda esperar.

*Director e investigador del CIDE

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