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Miércoles , 16.01.2019 / 21:52 Hoy

Entresijos del Derecho

Un amparo para la historia

Sergio López Ayllón

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El 15 de noviembre pasado, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia adoptó una sentencia de amparo que hará historia. En ella mandata al Congreso a que, a más tardar el 30 de abril de 2018, expida una ley que regule el gasto gubernamental en Comunicación Social. La decisión es relevante por sus implicaciones para la libertad de expresión y el funcionamiento del sistema político. Pero su importancia va mucho más allá. Constituye una auténtica revolución en la concepción del amparo. Por ello abre nuevas y desafiantes preguntas para el futuro del estado de derecho en México.

El amparo es una institución nacional ampliamente reconocida, pero muy poco entendida. En una nuez, es un juicio diseñado para proteger a los ciudadanos de los abusos de la autoridad o, para decirlo en términos más modernos, para garantizar la vigencia y ejercicio de los derechos fundamentales de las personas. Aunque la idea que le dio origen es simple, con el tiempo se ha convertido en un procedimiento extremadamente sofisticado y de muy alto costo.

Una de sus muchas peculiaridades es lo que se conoce como el principio de relatividad de las sentencias. Significa que la protección que otorga el amparo alcanza exclusivamente a la persona que lo solicitó y no se extiende a terceros. Por ello, durante décadas la Corte sustuvo que el amparo era improcedente cuando se impugnaban omisiones legislativas. El razonamiento era que la ley que se expediría obligaría a todos (no solo a las partes del amparo) y, en consecuencia, implicaría dar efectos generales a la sentencia (véase, entre otras, la tesis aislada P. CLXVIII/1997).

Este principio era congruente con la lógica decimonónica en la que fue diseñado originalmente el amparo y que prevaleció durante más de un siglo. Pero el país se ha transformado desde entonces. El contenido sustantivo de la Constitución es distinto, la concepción sobre los derechos ha cambiado, el sistema político opera de manera diferente y la Suprema Corte es cabalmente un tribunal constitucional.

Aun asi, la modificación en la interpretación que realizó la Corte fue enorme. Aunque existían algunos precedentes que anunciaban el giro, finalmente se alejó de las concepciones tradicionales y se atrevió a innovar.

La decisión tiene dos argumentos centrales. Uno, que en un Estado constitucional de derecho todas las autoridades deben respetar la Constitución y que, en consecuencia, el ejercicio de un mandato constitucional no es potestativo para el legislador. El segundo, que el principio de relatividad de las sentencias tiene que ser reinterpretado a la luz del nuevo contexto constitucional y que resulta admisible que al proteger a un quejoso se beneficie indirectamente a terceros.

La decisión abre numerosas preguntas. Por ejemplo, ¿cuáles serán sus consecuencias respecto de las muchas leyes y obligaciones constitucionales que el Congreso ha omitido? ¿Se multiplicarán los amparos para repararlas? (para referencia véase bit.ly/ViolometroConstitucional).

En otra dimensión ¿qué sucederá si el Congreso no legisla en el plazo establecido por la Corte? Aunque la sentencia no abunda en el tema, las respuestas van desde la eventual destitución de los legisladores hasta que no suceda nada. El tema no menor pues la violación a la Constitución subsistiría.

Por otro lado, la decisión obliga a cuestionar la idoneidad del amparo para solucionar este tipo de situaciones. Es cierto que existen otras vías, quizá mejor diseñadas, para resolver el problema de las omisiones legislativas y que ya han sido utilizadas (controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad), pero los ciudadanos no pueden utilizarlas. ¿Conviene repensar todo el sistema de amparo a la luz de las nuevas realidades y necesidades de la justicia constitucional para los ciudadanos?

Finalmente, cabe destacar que la decisión fue adoptada por una mayoría de cuatro ministros, tres de los cuales no son jueces de carrera. Será muy interesante conocer el razonamiento del Ministro Pardo Rebolledo quien se pronución en contra. Quizá su voto particular revele una manera distinta de entender la función jurisdiccional, misma que tiene importantes consecuencias políticas para la vida de la Nación.

*Director e investigador del CIDE

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