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Martes , 11.12.2018 / 06:41 Hoy

Entresijos del Derecho

El laberinto del federalismo: la política (IV)

Sergio López Ayllón

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A finales de esta semana, los mexicanos elegiremos a más de 3 mil 400 nuevos servidores públicos: presidente, gobernadores, alcaldes, senadores y diputados federales y locales. El resultado de la elección no tendrá solo efectos en la orientación de las políticas públicas, sino que también implica una reconfiguración política mayor. Una nueva era política que cierra un ciclo que comenzó en 1978.

Tras las elecciones se generará una nueva forma de interacción entre Ejecutivos y Congresos (federal y estatales) en función de la composición política de las cámaras y de su alineación con el Ejecutivo. También se modificará nuestro sistema de partidos, una vez que se terminen de contar los votos, las coaliciones que se formaron para la elección darán su lugar a partidos que, en lo individual, tendrán un nuevo peso específico propio, algunos con nuevo protagonismo y otros diluidos en un escenario político iconoclasta. La relación entre el Ejecutivo federal y los gobernadores también se transformará, no solo por la llegada de nueve nuevos mandatarios estatales, sino por la alineación partidista entre ellos.

Todo lo anterior incidirá en el funcionamiento de nuestro federalismo. Como ha ocurrido siempre en la historia mexicana, el federalismo reflejará el arreglo de distribución de poder político, y ese arreglo tendrá consecuencias administrativas, fiscales y de política pública. En efecto, si el sistema político se modifica también cambia la operación del arreglo federal, porque éste es un mecanismo político de división de poderes. Seguramente habrá nuevas formas de colaboración y nuevas arenas de confrontación. Las decisiones del nuevo Presidente empezarán a chocar con las preferencias diferentes, las resistencias activas, las capacidades limitadas o la indolencia de los gobiernos estatales y locales.

El problema en el que hemos insistido es que el cambio político que se avecina renovará la operación del federalismo, pero no resolverá sus desafíos estructurales ni, por sí mismo, corregirá sus anomalías. La cuestión fiscal seguirá irresuelta: la dependencia de recursos federales, la discrecionalidad en buena parte de las asignaciones y la rigidez excesiva para el ejercicio de algunos fondos, la baja recaudación local y los incentivos perversos que todo ello genera.

De igual forma, por más controles que se pongan desde las leyes federales, por mayor escrutinio público que ocurra y por fuertes que sean las señales que se reciban del nuevo gobierno, los principales contrapesos a los gobernadores seguirán siendo inadecuados, las capacidades administrativas de las burocracias se mantendrán bajas y los ayuntamientos seguirán atrapados entre normas homogéneas que pretenden regular igual lo que de suyo es diverso.

Una vez que el nuevo gobierno federal comience a tomar decisiones, a perfilar estrategias y empujar nuevas políticas públicas, el desorden competencial complicará su operación. En efecto, a pesar de que las campañas políticas, los debates entre candidatos y las plataformas electorales de las coaliciones han ignorado el desafío federal —como si las futuras sus decisiones no estuvieran atravesadas, todas ellas, por el arreglo federal vigente— todos los temas torales del futuro gobierno: la educación, la corrupción, la seguridad, el crecimiento, la desigualdad y la pobreza son responsabilidad compartida con los ayuntamientos y los gobiernos estatales. Y, como explicamos en entregas anteriores, las competencias no están claramente distribuidas, lo que genera ineficiencias, complica la identificación de responsabilidades, dificulta la rendición de cuentas y, lo más grave, reduce —cuando no anula— la eficacia de las políticas públicas.

En pocos días, los ganadores de la elección se prepararán para ocupar sus oficinas, hacer nombramientos y delinear planes. Otros se prepararán para ser oposición, desde las gubernaturas, las cámaras, los partidos. Ojalá que no se equivoquen y que decidan entrarle, ahora sí, al rediseño del federalismo, para que las grandes iniciativas no vuelvan a naufragar en el arrecife que hemos construido en los últimos lustros.

SERGIO LÓPEZ AYLLÓN y
GUILLERMO CEJUDO
Investigadores del CIDE

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