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Entresijos del Derecho

El carpetazo del fideicomiso

Sergio López Ayllón

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El viernes pasado, al filo de la medianoche, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) decidió por unanimidad revocar “lisa y llanamente” (es decir, anular) la multa de 197 millones que el INE había impuesto a Morena por el fideicomiso “Por los demás”. La decisión ha generado las más diversas reacciones: regocijo en unos, condena en otros y, para muchos, simple estupor. No es para menos. Estamos frente al que quizá es el caso de fiscalización más importante después del Pemexgate y de los Amigos de Fox.

Ofrecemos aquí un breve análisis de la decisión del Tribunal Electoral. Quizá en esta era de redes sociales los jueces ya no solo hablan por sus sentencias, pero estas siguen siendo el principal insumo para evaluar, sin adjetivos, el desempeño del Tribunal.

Recordemos los principales hechos del caso, según se detallan en la resolución del INE (bit.ly/CG638_2018). Al día siguiente del sismo del pasado 19 de septiembre, Andrés Manuel López Obrador, entonces dirigente nacional de Morena, anunció que el partido donaría 20% de sus prerrogativas a los damnificados del temblor. Otros partidos expresaron posiciones similares y el INE marcó la ruta legal: ningún partido podía transferir directamente sus prerrogativas, pero sí podían renunciar a ellas y devolverlas con la recomendación de que la Secretaría de Hacienda las destinara a los afectados.

El dirigente de Morena “difirió” del criterio del INE y anunció una ruta distinta: la creación de un fideicomiso. Dijo que la decisión de “donar cuando menos ese 20 por ciento” ya estaba tomada, que se coordinaría con los líderes legislativos de Morena y que había hablado con diversas figuras públicas, quienes aceptaron ser integrantes de un comité técnico que propondría para “manejar el fideicomiso que va a administrar los fondos de Morena”.

El PRI denunció a Morena por transferir sus prerrogativas al fideicomiso. El INE realizó una investigación y concluyó que Morena no aportó recursos al fideicomiso, pero determinó que con su operación generó un fraude a la ley. Morena utilizó una figura en principio lícita —el fideicomiso— para realizar actos que tenía prohibidos.

Después de investigar un enorme cúmulo de hechos, narrados con detalle en la resolución, el INE no pudo rastrear el destino final de los recursos del fideicomiso, pues los cheques de caja expedidos por el fideicomiso fueron cobrados en efectivo por personas vinculadas a Morena. Pero lo que sí pudo identificar fue que —mediante este esquema paralelo— Morena violó diversas normas electorales en materia de financiamiento (recibir recursos de personas anónimas, en efectivo, sin reportarlas, etcétera). En consecuencia, procedió a imponer una multa al partido.

Tanto Morena como los integrantes del comité técnico del fideicomiso impugnaron la decisión. Alegaron, entre otras cosas, que se trataba de un “fideicomiso privado” ajeno al partido. Por razones de espacio, no nos detenemos en todos los planteamientos analizados en la sentencia (bit.ly/RAP209_2018). Basta con decir que, para el TEPJF, la base para revocar lisa y llanamente la decisión del INE fue que este no fue “exhaustivo” en la investigación, así como en la violación de los derechos de defensa de los miembros del comité técnico del fideicomiso, ¡en particular su presunción de inocencia!

El TEPJF estimó que existía una “duda justificada respecto de la injerencia material y operativa de Morena en el fideicomiso”. ¿Cómo fue posible que el Tribunal negara el vínculo entre Morena y el fideicomiso? La Sala Superior empleó diversas estrategias argumentativas. En primer lugar, hizo una narración selectiva de los hechos del caso. Así, la sentencia ignora el contenido de la resolución del INE y afirma que este “basó su determinación” simplemente en dos cosas: 1) Que las personas que celebraron el contrato de fideicomiso “coinciden” con las declaraciones de AMLO, y 2) que los fideicomitentes, fideicomisarios y quienes cobraron los cheques de caja tenían una relación directa con Morena. Una trama compleja reducida a una mera coincidencia.

En segundo lugar, la sentencia fija estándares de investigación inadecuados y trata el caso —un procedimiento administrativo sancionador— como si fuese un asunto penal. En la sentencia se cita, por ejemplo, un estándar derivado de la ahora extinta facultad de averiguación de la Suprema Corte de Justicia en casos de violaciones graves a las garantías individuales. Con base en una peculiar lectura del mismo, se dice que INE debía “investigar la veracidad de los hechos que sean de su conocimiento por todos los medios a su alcance”, por lo que debía considerar todas las líneas de investigación posibles. Y así se llega a la conclusión de que el INE incumplió con una misión imposible: requerir a todos los aportantes (muchos de ellos, anónimos), a todos los sujetos que recibieron los cheques de caja, a todos los sujetos de apoyo (que recibieron dinero en efectivo), a fin de tener “certeza”, entre otras cosas, “de la procedencia de la totalidad de los recursos que ingresaron en efectivo”.

En tercer lugar, la Sala Superior establece un estándar probatorio no acorde con el modelo de fiscalización. De acuerdo con la sentencia, la única manera de vincular a Morena y al fideicomiso era probando una transferencia directa de recursos —algo que el INE abiertamente descartó—, o bien, demostrando que el dinero del fideicomiso fue “aplicado a un fin político o electoral en beneficio del partido o sus candidatos”. Se trata de un estándar ad hoc y novedoso, cuya consecuencia directa es hacer inviable el modelo actual de fiscalización para sancionar esquemas complejos de financiamiento ilegal.

Por último, la sentencia se aparta de una larga línea jurisprudencial y concluye que, ante la falta de exhaustividad, lo procedente no es una revocación para efectos, sino una lisa y llana. Ello, bajo el argumento de que regresar el asunto al INE “implicaría permitir que se juzgara en dos ocasiones al partido político denunciado”. El criterio empleado en el ya célebre caso de Coahuila, reloaded.

Cuando se está frente a una sentencia con tan graves deficiencias argumentativas, es difícil evitar la suspicacia sobre las motivaciones extrajurídicas de las y los juzgadores. Como en otros casos (El Bronco, Coahuila, cancha pareja, por citar algunos recientes) parece que el Tribunal Electoral primero define políticamente el sentido del fallo y posteriormente lo justifica, sin importar la coherencia argumentativa o los precedentes (véase el libro (in) justicia electoral a examen bit.ly/InjusticiaElectoral). A ello se suma, además, la peculiar coyuntura política que agrava la situación. Lo que está en juego es la independencia del TEPJF, la viabilidad del sistema de fiscalización y, en el fondo, la legitimidad de todas las instituciones electorales.

SERGIO LÓPEZ AYLLÓN Y JAVIER MARTÍN REYES
Investigadores del CIDE

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