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Domingo , 17.06.2018 / 17:49 Hoy

Columna de Sergio Hernández

La cultura, entre el olvido y los "gasolinazos"

Sergio Hernández

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En estas condiciones difíciles en las que se inicia 2017 se antoja que las mexicanas y mexicanos tuviéramos bienes y servicios culturales indispensables: escuelas de música, de artes plásticas, de danza, talleres de teatro, cinetecas y posibilidades accesibles de participar de la cultura. No solo las penas con pan son menos, también la cultura alimenta.

¿Qué tenemos en la mayoría de los estados y municipios del mapa nacional? La verdad, nada o algo parecido. Basta ver las páginas de los directorios de cualquier Dirección de Cultura en los estados, o en los municipios, para toparse con la realidad; ni por asomo aparece una agenda cultural, acorde a los principios constitucionales que hablan de la cultura como un derecho fundamental.

Qué bueno que nuestra nueva secretaria de Cultura en Oaxaca, la señora Ana Vásquez Colmenares, se sume a los diagnósticos y diga: “El presupuesto de esta dependencia será de 155 millones 261 mil 194 pesos, de los cuales solo 6.4 por ciento se dirigirá a programas de fomento artístico y cultural; el resto, para cubrir salarios” (periódico Noticias, 2017/01/12, p.1c). Al Observatorio Cultural Ciudadano (Ocuc) le gustaría que diera respuesta a estas tres sencillas preguntas:

¿Denunciará ante las autoridades los malos manejos del presupuesto y la negligencia con la que los funcionarios anteriores manejaron el presupuesto y nómina de la Secretaría de Cultura?

Segunda pregunta: ¿permitirá a la sociedad organizada en torno a la cultura debatir en cómo se va aplicar el escaso presupuesto de cultura y ver cómo reducimos la abultada nómina?

Tres: ¿cuándo presentará y permitirá debatir su programa de trabajo y las nueve propuestas del Ocuc?

Creo que esta situación es similar en la mayoría de los estados.

El artículo cuarto constitucional establece la obligación del Estado para maximizar el alcance de los derechos humanos. Pero la realidad dice algo diferente y cualquier cosa que se anuncie como política cultural suele durar el mismo tiempo que el gobierno que la postula.

Lo que vemos no son planes y acciones articulados, con continuidad ni capaces de aprobar la prueba del tiempo. Los planes culturales se construyen con las “ocurrencias” de los gobernantes o de su círculo cercano, generalmente con burócratas improvisados que administran el destino de la cultura durante su mandato. No es lo mismo ser artista plástico que administrador de la cultura, pero aquí las barreras se borran y lo mismo da Chana que Juana, pues lo único que destaca es la confusión entre personajes del arte que se meten a administradores y viceversa.

¿Cómo cumplen los tres niveles de gobierno sus obligaciones de dar acceso a la cultura, sin una ley-marco que determine políticas culturales, idóneas y eficaces, y que materialicen el derecho de acceso a la cultura que nos otorga el orden constitucional? ¿Qué tan apremiante es una legislación general que fije los objetivos, las bases y los principios en materia de políticas culturales?

Existen en manos de senadores y diputados proyectos para una Ley General de Cultura, y se sabe que la Secretaría de Cultura revisa un proyecto de ley general en la materia: esos esfuerzos individuales e institucionales corren el riesgo de quedarse relegados por la suma de todas las viejas y nuevas realidades que llevan a la insuficiencia y a los recortes de una economía que no concede más espacios de gasto público. Y menos para la cultura.

¿No sería tiempo al menos para preparar propuestas realmente responsables, sustentadas en una amplia consulta que reconozca la voz de la sociedad, de las organizaciones tanto civiles como ciudadanas y que la expresen?

¿Podríamos imaginar cómo servirían foros de consulta efectivos que recibieran todas las voces de la diversidad cultural de México para construir una ley que sea de la ciudadanía y que podría esperar por la primera oportunidad para ser instrumentada? No sería poco avance hacer que esta vez las políticas culturales vinieran de la sociedad hacia el Congreso y no del Congreso a la sociedad, como hasta ahora ha sucedido con el resultado descrito.

Foros de consulta donde se recojan en forma testimonial propuestas que den vida a una ley, que pueda materializarse y que no se reduzca a propósitos inalcanzables, foros que involucren a las universidades públicas y privadas, a las escuela nacionales y organizaciones representativas de la cultura en México, con un amplio compromiso de participación de intelectuales y artistas.

No conozco ningún caso donde un estado o municipio se pregunte qué se puede hacer en el ámbito de una política cultural. Oaxaca debía ser punta de lanza en esa exigencia, a partir de la diversidad y riqueza cultural que se nutre de su conformación indígena.

Me refiero, desde luego, en el plano nacional, a un proyecto de ley que por vez primera no corra la suerte que ha tenido, por ejemplo, la Ley General de Educación, que no reconoció las particularidades de la educación indígena. Claro, en tiempos de extendido desánimo nacional, habría que completar estas reflexiones con el consabido “por eso estamos como estamos”.


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