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Viernes , 19.10.2018 / 13:07 Hoy

Prospectivas

Hacia una Fiscalía General de la República (I)

Saúl Barrientos

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El 10 de febrero de 2014, en el marco de la reforma político-electoral, se estipuló, a nivel constitucional, que el Ministerio Público se organizaría en una Fiscalía General de la República como órgano autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios.

Asimismo, en la reforma al artículo 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se establecieron los requisitos para ser Fiscal General de la República; la duración en el encargo del mismo; el proceso para su designación y remoción; la condición de que la Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a la corrupción; que la ley establecerá las bases para la formación y actualización de los servidores públicos así como para el desarrollo de su carrera profesional; y la obligación del Fiscal General de enviar anualmente un informe a los poderes Legislativo y Ejecutivo.

Sin embargo, desde el 2013, cuando se presentó la iniciativa en cuestión y hasta hace algunos meses, la discusión se centró principalmente en torno a la autonomía de la fiscalía, pero no se abundó sobre su diseño y funcionamiento. Prueba de ello, son la gran cantidad de iniciativas para reformar el artículo transitorio décimo sexto a fin de eliminar el llamado pase automático.

Hoy, con un México que enfrenta grandes retos en materia de seguridad pública, es necesario que al centro de la agenda pública esté la construcción de una fiscalía que cuente con un marco jurídico sólido, con recursos suficientes, con autonomía plena, y con una estructura de incentivos que premie a los buenos servidores públicos del Ministerio Público y que promueva su desarrollo profesional.

En nuestro país gran parte de la inseguridad es causada por la impunidad. De acuerdo con el Índice Global de Impunidad 2017 de la UDLAP, México ocupa el lugar 66 entre 69 países evaluados en materia de impunidad. De hecho, se estima que sólo el 4.46 por ciento de los delitos denunciados culmina en una sentencia condenatoria, lo cual arroja una impunidad cercana al 95 por ciento; sin embargo, al considerar que sólo siete de cada 100 delitos se denuncian, la impunidad se ubicaría en un nivel de 99 por ciento.

De cara al 2018, año en que podría ser más violento que 2017 por la falta de coordinación propia de los tiempos políticos, es urgente hablar de la construcción de instituciones en materia de procuración de justicia. Tema en el que aún hay posicionamientos muy generales por parte de los candidatos; en el que aún se siguen construyendo las leyes para darle estructura a las disposiciones legales; y en el que tenemos que reconocer que nuestro Ministerio Público nunca ha funcionado como debería.

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