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Columna de Sara S. Pozos Bravo

"Lydia Cacho y los derechos humanos"

Sara S. Pozos Bravo

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Debo de aplaudir la decisión del Gobierno federal de aceptar la responsabilidad y resarcir el daño causado a la periodista Lydia Cacho. Todos deberíamos hacerlo porque el caso no es menor en materia de Derechos Humanos (DH). Fue Alejandro Encinas, hoy subsecretario de Derechos Humanos pero otrora luchador y defensor de los derechos quien, a nombre del Gobierno de México, ofreció disculpas a la periodista. Lydia Cacho merece, por supuesto, todo nuestro reconocimiento. Luchó contra el sistema y lo venció. Utilizó todas las instancias legales al interior del país y éstas le fallaron. En 2007, la Suprema Corte de Justicia determinó que las violaciones a los DH de la periodista no habían sido graves. (A propósito, la hoy Secretaria de Gobernación votó en aquella ocasión por no reconocer la violación grave de los derechos de la periodista). Pero para quien ama la justicia y lucha por ella, explorar otras vías fuera del país se convierte en una esperanza de vida y lo sigue. Evidentemente, le tocó al actual Gobierno federal acatar la recomendación del Comité de DH de Naciones Unidas. El gobierno de López Obrador hizo lo correcto y tras 14 años en búsqueda de la justicia, la periodista escuchó al Gobierno mexicano reconocer que sus derechos habían sido violados, tras la persecución sufrida después de la publicación de su libro Los demonios del Edén, en 2005. La recomendación del Comité de DH le exige al Gobierno mexicano reparar el daño a la periodista, procesar a los responsables de las violaciones cometidas y derogar los delitos de difamación y calumnia que todavía están vigentes en ocho Estados. El caso Lydia Cacho “Es sumamente importante y de gran relevancia porque es un caso emblemático y porque las violaciones siguen repitiéndose”, dijo el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los DH, Jan Jarab. La disculpa pública a Lydia Cacho no resuelve las violaciones sistemáticas a los derechos humanos por parte del gobierno y su complicidad con otros actores pero hace evidente parte de la podredumbre de una élite política que ha permanecido impune. Y al hacerlo, al menos cabe la esperanza de crear conciencia colectiva respecto de estos temas. La forma en que el gobierno de AMLO responda será fundamental para evitar que se corrijan todas estas violaciones, de ahí la importancia del caso Cacho. Finalmente, suscribo lo externado por la periodista el 11 de diciembre: “Tenemos la responsabilidad de construir un mundo en que toda la gente viva sin miedo a decir la verdad, a retratar la realidad. Sin justicia no habrá paz. Yo soy una entre miles”. El activismo es una vía para construir ese mundo; la función pública es otra; la reflexión y análisis, así como la difusión de las ideas es otra. Todos juntos, quizá, en algún momento, podamos sentirnos más que orgullosos de este país.


www.sarapozos.mx



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