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Lunes , 22.10.2018 / 12:09 Hoy

Columna de Sara S. Pozos Bravo

La dimensión internacional del caso Ayotzinapa

Sara S. Pozos Bravo

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Lo dije y lo sostengo. El caso de los normalistas desaparecidos fue un crimen de Estado. Intervinieron en el secuestro y la desaparición de los 43 estudiantes, tanto la policía municipal como la del Estado. Pero no sólo ellas. También participaron elementos de la Policía Federal y del Ejército. La línea de investigación que llevó a vincular al Ejército en la desaparición de los normalistas fue acallada por la Procuraduría General de Justicia (PGJ) quien se ha convertido en verdugo de los padres de familia de los estudiantes. Pero ahora, el periódico El País, de España, publica una nota relacionada con la declaración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que, con base en un testigo protegido, vincula la desaparición y matanza de los normalistas con la policía federal y solicita que se revise el papel del Ejército en este caso.

La tortura y violación a los derechos humanos por parte de la policía federal y del Ejército no son nuevas. Tampoco lo es la corrupción e impunidad que privan en el país. Pero que un testigo protegido proporcione –como dice El País- "... nuevos escenarios para las desapariciones y aporta un tenebroso e inédito personaje a la trama: un líder criminal llamado El Patrón".

Resulta por demás llamativo que el caso del testigo protegido se conozca justo cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) reconoce que la labor del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GERI) puede considerarse algo así como una misión imposible. En este contexto, nuestro gobierno se ha asestado un harakiri a la mexicana, quedando bastante mal parado en el ámbito regional y en su defensa y promoción de los derechos humanos. Además, las declaraciones del testigo protegido ponen el dedo en la llaga respecto de un sinnúmero de cuestionamientos realizados desde el momento de la desaparición de los normalistas y que van en el sentido de preguntarse cómo es posible que hasta la fecha no se hayan conocido todos los pormenores del caso.

La ayuda técnica ofrecida por la CIDH a través del GERI, si bien no logró su objetivo de ubicar el paradero de los normalistas, sí contribuyó de manera determinante en derrumbar la versión oficial de la verdad histórica. Con ello, nuestro gobierno se expuso así mismo como un total y absoluto mentiroso y ahora, con la negativa a continuar con los trabajos del GERI, como un Estado renuente a trabajar con la cooperación internacional de distintas instancias regionales, como un Estado que de manera sistemática violenta los derechos humanos de sus ciudadanos, como un Estado incapaz de garantizar la justicia, como un Estado represor al más puro estilo de los gobiernos totalitarios y dictatoriales.

Quizá, lo peor de todo es que difícilmente sabremos la verdad sobre lo ocurrido en aquella noche de septiembre de 2014, y que los auténticos responsables continuarán impunes ante los ojos de todo el mundo, aunque con la versión del testigo protegido, el fuego de la polémica se ha vuelto a prender.

www.sarapozos.mx

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