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Domingo , 16.12.2018 / 10:41 Hoy

Columna de Sara S. Pozos Bravo

El Ejército y los Derechos Humanos

Sara S. Pozos Bravo

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Resulta sumamente preocupante la aprobación del nuevo Código Militar de Procedimientos Penales, realizada el día de ayer por 253 votos con la mayoría de los diputados del PRI, PAN, Verde y Panal. Preocupante, altamente preocupante, porque el Ejército mexicano ha sido una institución que de manera sistemática ha participado en miles, miles de violaciones a los derechos humanos, casos de tortura y desaparición en nuestro país en los últimos veinte años. Estas violaciones no sólo se han documentado por organismos internacionales, por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y otros colectivos defensores y promotores de los derechos humanos, sino lo que es peor, que han aumentado considerablemente en los últimos cinco años.

El video sobre la tortura de una mujer en Guerrero por el cual tuvo que ofrecer una disculpa pública el secretario de la Defensa Nacional, General Salvador Cienfuegos, debería de habernos advertido por sentido común –al menos por eso- que otorgar facultades en materia de seguridad pública al Ejército sería un error monumental, de esos que sólo los diputados cometen cada que tienen la oportunidad de hacerlo. La disculpa pública no sólo es insuficiente al no ir acompañada de un juicio civil a los militares que participaron en el caso documentado de tortura, sino que además nos deja ver apenas la punta del iceberg de las violaciones a los derechos humanos por parte de los militares.

En este contexto, los diputados de los partidos de derecha y centro del país, fieles a su manera de pervertir el derecho justificando en el fin sus perturbadores intereses, aprobaron el día de ayer que la fiscalía y un militar podrán catear domicilios e intervenir comunicaciones civiles por encima de la autoridad ciudadana cuando se indague un delito en donde participen elementos castrenses y civiles. Con ello, los militares encuentran una puerta legal que justificaría ingresar a los domicilios atentando así contra la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y a la inviolabilidad del domicilio particular, ambos derechos consagrados en nuestra Constitución. Además, tan mal está el nuevo Código que justo va en contra de la recomendación emitida hace algunos años por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado mexicano en el caso Rosendo Rodilla, misma que estableció que cuando en un ilícito participaran un militar y un civil, el elemento castrense debería de ser juzgado por la justicia civil.

Salve decir que los diputados de izquierda, entre ellos los de Movimiento Ciudadano, votaron en contra del dictamen entre otras razones porque el documento final fue alterado en comisiones. Los cambios previstos en el Código Militar de Procedimientos Penales prevén la incorporación del "fiscal general de justicia militar" y del "juez militar de control" quienes podrán ejercer las funciones contra los civiles.

Así que es hora de preocuparnos, como si no tuviéramos otra que hacer, porque ahora tendremos que cuidarnos de los militares.

www.sarapozos.mx

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