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Domingo , 27.05.2018 / 14:35 Hoy

Fuente Ovejuna

#PERITOSyLACAYOS

Salvador Cosío Gaona

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El 26 de septiembre de 2014 fueron asesinadas en Iguala, Guerrero, varias personas, entre ellas una dama que viajaba en un taxi, el chofer que conducía en autobús a integrantes del equipo de futbol profesional de tercera división, Los Avispones de Chilpancingo, así como un niño de ese grupo deportivo y varios estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, y desaparecieron 43 estudiantes de dicha institución que quizá hayan muerto y desde entonces se ha generado la detención y el proceso penal de algunos sujetos incriminados, tras publicitarse varios informes oficiales plagados de discordancias y que en conjunto se les ha denominado formalmente por las autoridades federales “La Verdad Histórica”, que ha sido severamente cuestionada por diversos especialistas y rechazada por organizaciones no gubernamentales locales e internacionales además de personajes influyentes en la opinión pública.

Durante todo este tiempo se ha estado tratando de establecer como cierta una versión oficial que dice que los normalistas fueron capturados por sicarios de un grupo delincuencial en conjunto con “policías bélicos” integrantes de las fuerzas policiales de los gobiernos municipales guerrerenses de Iguala y Cocula y que fueron incinerados y sus restos convertidos en cenizas tirados al Río Cocula y que en ese contexto ya todos están muertos.

Ahora surge al respecto un muy duro golpe para el gobierno que encabeza Peña Nieto, pues el Grupo Independiente de Expertos Internacionales (GIEI), que fue convocado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a solicitud de los padres de los normalistas de Ayotzinapa y con la aquiescencia del propio Gobierno federal mexicano, dio a conocer recientemente su informe inicial sobre este caso y el documento publicitado es demoledor, pues en varios capítulos se detallan la impericia y/o las absurdas omisiones negligentes de muchos funcionarios de la Procuraduría General de la República (PGR), demostrando que esa dependencia entonces a cargo de Jesús Murillo Karam no realizó un buen trabajo ni se esforzó en buscar hacer su tarea para encontrar la verdad y realmente procurar la justicia como el delicado y espinoso asunto merecía.

El reporte difundido por el GIEI de la CIDH destaca lo que denomina diversas fallas de la investigación a cargo de la PGR y menciona:

1.- Que los reconocimientos médicos de los detenidos fueron muy deficientes e insuficientes para una investigación eficaz de posibles malos tratos.

2.- Que hay importantes omisiones e inconsistencias en las consignaciones.

3.- Que los informes de autopsia deberían presentar un aparato gráfico más amplio y demostrativo de las lesiones, tal y como establecen los protocolos.

4.- Que se perdió información de los videos conteniendo actividades suscitadas en inmuebles tales como la central camionera y varios edificios de Gobierno y casetas de cobro en carreteras, pues dicho material no fue asegurado por la Procuraduría General de Justicia de Guerrero (PGJG) ni por la PGR.

5.- Que la ropa recuperada presuntamente correspondiente a víctimas de los crímenes que fue encontrada en los autobuses de la empresa Estrella de Oro números 1531 y 1568 no fue sometida a pruebas periciales.

6.- Que durante varios meses la investigación estuvo dispersa en 14 causas y 8 juzgados, lo que impidió investigar y juzgar de manera integral los hechos.

7.- Que nunca se configuró una acusación por delito de tentativa de homicidio en contra de los estudiantes normalistas , el chofer del autobús y un integrante del equipo de futbol profesional Los Avispones de Chilpancingo, y tortura descarnada en contra de uno de los normalistas asesinados.

8.- Que hubo omisión negligente al no investigarse plenamente a diversas autoridades de diversos órdenes de gobierno por encubrimiento, obstrucción a la justicia y abuso de autoridad, así como por el uso no adecuado de la fuerza pública.

9.- Que hubo omisión en cuanto a investigar como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los estudiantes normalistas de Ayotzinapa el posible móvil del traslado de estupefacientes del Cártel Guerreros Unidos en uno o varios de los autobuses en que se transportaban dichos jóvenes.

Los expertos afirman que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero y que ninguna fuerza del Estado que estaba teniendo conocimiento de los hechos y fue testigo de agresiones y violaciones de derechos humanos actuó en protección de los estudiantes y solicitan ampliar su informe una vez que se les autoricen entrevistas con soldados del Batallón de Iguala y diversos agentes y mandos de las policías federal y estatal.

Ante el nuevo dictamen presentado a la opinión pública que contraviene las versiones oficiales anteriores, de forma sorpresiva se advierte que quizá ahora ya mejor asesorado legal y políticamente por la titular de la PGR Arely Gómez González y/o por el nuevo titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS) Renato Sales Heredia y hasta posiblemente apoyado en la opinión del Presidente Nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Manlio Fabio Beltrones Rivera basada en su vasta experiencia política, el Presidente Peña Nieto reaccionó ágilmente y en forma menos torpe que como lo hizo tras los cruentos sucesos desencadenados en septiembre de 2014 cuando a sugerencia del aún Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong y de los entonces titular de la PGR, Jesús Murillo, y de la CNS, Monte Alejandro Rubido, tardó demasiado en actuar y durante muchos meses ha tolerado se mantenga como cierta una versión demasiado frágil y poco sostenible de los hechos ocurridos en Guerrero, y ahora ordenó a la actual titular de la PGR Arely Guzmán informar que el gobierno federal mexicano acata el reporte de los expertos contratados por la CIDH, indicando deba realizarse de forma prioritaria y urgente una nueva acción de peritos, en la que actúen combinados los esfuerzos de aquellos científicos cuyo trabajo aporte la propia PGR en conjunto con los que estén a la mano provenientes de instituciones especializadas y los mismos que utilizó la CIDH.

Peña ha aceptado como error no haber ahondado más en la indagatoria y dar precipitada versión inicial e indicó a la PGR rehaga la indagatoria y los normalistas mantengan el estatus de desaparecidos y no de fallecidos como eran reputados, por lo que quizá ahora se deje de proteger a funcionarios policiales, militares, de la PGR y de otras dependencias de gobierno y probablemente, salvo que caigan solo algunos cuantos chivos expiatorios, Peña y Arely Guzmán aprovechen para generar la verdad, procurar justicia y dar un golpe que prodigue algo de confianza del pueblo mexicano y de la comicidad internacional hacia el gobierno federal mexicano.

@salvadorcosio1

opinion.salcosga@hotmail.com

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