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Martes , 18.09.2018 / 11:52 Hoy

Fuente Ovejuna

#OSCURIDADenIGUALA

Salvador Cosío Gaona

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La mayoría deseamos que los miles de desaparecidos estén con vida y aparezcan o al menos conocer de manera fehaciente su destino, así sea hubieren estado privados de su libertad o voluntariamente escondidos y en cuanto a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa en Guerrero, que fueron desaparecidos forzadamente el 26 de septiembre de 2014 en Iguala, el encontrarlos vivos sería enorme alegría para sus familiares y un gran alivio para las instituciones mexicanas.

El Presidente Peña Nieto debe hacer cumplir su indicación respecto al reporte que sobre los crímenes en Iguala entregó el Grupo de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la titular de la Procuraduría General de la República (PGR) haga nuevos peritajes, los técnicos argentinos, científicos y académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) así como los expertos de la CIDH para obtener dictamen conjunto con credibilidad científica y social.

Peña debe vencer la resistencia del Ejército y obligar investigación a fondo del papel que jugaron en esa macabra jornada los mandos y soldados del Batallón de Iguala así como jefes y elementos del destacamento de la Policía Federal además de los directivos de la Normal, el Ex Gobernador de Guerrero Ángel Aguirre Rivero y quien fue su Procurador de Justicia Iñaki Blanco y los 11 Alcaldes guerrerenses de diversos partidos que además del de Iguala, el ya encarcelado José Luis Abarca del PRD, fueron señalados hace meses por la PGR como coludidos con distintos carteles criminales y ahora vuelve a mencionárseles en declaraciones de Gilberto López Astudillo alias El Cabo Gil, debiendo capturarse especialmente al Alcalde de Cocula, Cesar Miguel Peñaloza Santana, del PRI, que sigue impune en tanto sus colaboradores y jefe policiaco están presos junto a los policías bélicos de dicho municipio y de Iguala, pero además se revise la negligencia o posible acción criminal del propio Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, del ExTitular de la PGR Jesús Murillo Karam, el ExTitular de la Comisión Nacional de Seguridad Monte Alejandro Rubido García, del Comisario de la Policía Federal y del Director del Centro de Investigación para la Seguridad Nacional (CISEN) Eugenio Imaz Gispert, entre otros personajes que pudieren haber estado informados de sucesos y no actuaron conforme a su responsabilidad, debiéndose analizar y sancionar cualquier circunstancia en cuanto a todos los posibles autores intelectuales y materiales, el móvil y las circunstancias especiales relativas a los crímenes.

Tras un año de lo ocurrido en Iguala no hay avances suficientes contra la desaparición forzada y en mejores esquemas de apoyo a víctimas, como tampoco se ha adelantado mucho en abatir el índice de criminalidad en México y es interesante aludir al experto en Derechos Humanos Alfonso Hernández Barrón, que dice: “El caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala es uno de los acontecimientos mas estremecedores de México en el presente siglo, sin duda cargado de una insólita crueldad, sin embargo, se esta dejando al margen la evidente infiltración de cuerpos de seguridad pública y de funcionarios de distintos ámbitos de gobierno, así como las deficiencias en Procuración de Justicia y la deficiente interlocución con sectores sociales, entre otros factores que inciden en el caos y la ingobernabilidad, por lo que se debe provocar mejores normas y políticas públicas eficaces, avanzar en la lucha contra la criminalidad, la corrupción y la impunidad, para que haya confianza en la procuración e impartición de Justicia, siendo ya urgente tener científicos y expertos mexicanos capaces y con total credibilidad”.

La Delegación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en México sugiere la ayuda de una instancia similar a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala que resolvió el grave problema de corrupción en Guatemala que motivó renuncia y captura del ahora Ex Presidente Otto Pérez Molina ya que aunque habiendo sido aceptada por el gobierno federal mexicano la intervención de la CIDH en el caso Iguala, su reporte no ha sido aceptado plenamente por funcionarios a pesar de orden presidencial de acatarlo y hay segmentos sociales que rechazan el dictamen pero podrían creerle a una comisión de la ONU, intervención que es una petición que los padres de los normalistas desaparecidos han planteado y según el Director de la Misión en Guatemala Carlos Castresana, un mecanismo similar tendría que solicitarlo Peña y contar así con apoyo científico independiente y sin presiones locales ayudando a regresar al pueblo la confianza en la Justicia.

La titular de la PGR se reunió con la Presidenta de la CIDH Rose-Marie Belle Antoine y reiteró el compromiso de procurar justicia con pleno respeto a los derechos humanos informándole hay protocolos homologados de registro de víctimas de desaparición forzada y tortura aprobados por la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que establecen al delito de tortura como imprescriptible, que debe haber dictamen médico psicológico por perito independiente y que las víctimas deben obtener ayuda inmediata para alojamiento, transporte, asesoría jurídica, asistencia económica y reparación del daño, que la acción de búsqueda debe ser inmediata, quedando claro que el delito de desaparición forzada tiene carácter permanente o continuo, es perseguido de oficio y el ejercicio de la acción penal así como la sanción que sea impuesta a los responsables son imprescriptibles.

Todo lo que abone a la credibilidad y confianza social debe intentarse por el bien de México.

@salvadocosio1

opinion.salcosga@hotmail.com

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