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Fuente Ovejuna

Muertos y elección

Salvador Cosío Gaona

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Violencia, corrupción y desigualdad son los factores que afectan fuertemente la calidad de la democracia en México. Contra estos tres flagelos no han habido avances en la democracia mexicana y no hemos podido mover la realidad ni un milímetro en sentido positivo. La corrupción genera el problema y la impunidad le da vía libre para que siga sobreviviendo el monstruo.

La democracia no anula la lucha por los intereses de clases y sectores sociales, sino que establece reglas, normas y valores que dan marco a la lucha por esos intereses. La democracia no es sólo un determinado tejido institucional del poder, sino que es también un sistema de valores que cohesiona ese andamiaje institucional.

Por tanto, la democracia está ligada más a la tolerancia que a la exclusión, a la paz que a la violencia, a la voluntad y conciencia que a la imposición, a la autogestión y representación que al autoritarismo, a la ética que a la corrupción.

Ahora bien, la violencia es una consecuencia del conflicto. Pero cuando la violencia se apodera de las calles y de las relaciones sociales, no estamos sólo ante un conflicto, sino también ante la incapacidad de solucionar los problemas a través de cauces democráticos. Lo anterior sin menoscabo del costo económico que nos representa a los mexicanos, que de acuerdo al índice de Paz Global, la violencia cuesta a México 4 billones de pesos; 8 veces más que lo invertido en salud.

La violencia e inseguridad en México afecta los derechos y libertades fundamentales, lo que impacta –por acción u omisión- en el sistema político institucional del país.

De acuerdo a información del portal “Animal Político” publicada el 29 de junio de 2018, en 9 meses, 101 políticos y candidatos fueron asesinados en México. Identifica en 78 de los 101 homicidios la presunción de la actuación de algún grupo o célula delictiva, en otros 15 casos se hace referencia a problemas familiares y en otros ocho crímenes no se conoce el móvil. Se trata dice, de asesinatos de candidatos. Precandidatos, aspirantes, exfuncionarios, líderes de partidos y servidores públicos en activo (la mayoría alcaldes) además de un supervisor del INE.

Organizaciones del crimen organizado también interfirieron mediante violencia y financiamiento ilegal en el proceso. Esta influencia fue reconocida por la presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien advirtió recientemente que “manos criminales están actuando de forma premeditada y deleznable para decidir por la vía de la violencia quiénes deben o no deben estar en la boleta electoral”.

Al presentar el 21 de junio el estudio “Dinero bajo la mesa. Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México”, el analista Luis Carlos Ugalde, extitular del máximo ente electoral de México, afirmó que hay indicios de que el narcotráfico financia campañas políticas.

El fondeo del dinero de las drogas ocurre en las campañas de zonas “donde está el crimen organizado”, como los estados de Michoacán, Chihuahua, Tamaulipas o Guerrero, dijo Ugalde, presidente de 2003 a 2007 del Instituto Federal Electoral de México, predecesor del actual Instituto Nacional Electoral (INE).

Las elecciones 2018, federales y regionales del domingo 1 de julio, se desarrollaron de manera exitosa, pero México debe atender el problema de la violencia política, recomendó hoy la Organización de Estados Americanos (OEA).

El jefe de la misión de observadores de la OEA, el expresidente dominicano Leonel Fernández, presentó las conclusiones de la visita en una conferencia de prensa en la Ciudad de México.

“La misión tuvo conocimiento de que cinco personas fueron asesinadas en Michoacán, Chiapas, Guerrero y Puebla en incidentes posiblemente relacionados a la elección”, dice el informe final.

Además, Fernández alertó sobre los altos niveles de violencia, con más de un centenar de políticos asesinados, entre ellos 46 candidatos y precandidatos según las cifras oficiales citadas, en los meses previos a los comicios.

La democracia enfrenta el desafío de garantizar a todas las personas su libertad para debatir, organizarse, buscar el poder, con la sola condición de que no traten de instaurar una sociedad excluyente. El conflicto es legítimo, no cabe una sociedad uniforme, pero al mismo tiempo es necesario impulsar la negociación, el diálogo, buscar acuerdos que garanticen la gobernabilidad y la alternabilidad, para que distintos grupos puedan alternarse en el poder según evolucione la correlación de fuerzas. La falta de cultura cívica, una pésima planeación de los comicios, conflictos entre partidos y al interior de los mismos, el populismo punitivo y la falta de seguridad han provocado que la violencia política se haya vuelto prácticamente imparable. Es responsabilidad de todos atajarla, frenarla y erradicarla.

@salvadocosio1
opinion.salcosga@hotmail.com


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