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Jueves , 20.09.2018 / 08:09 Hoy

Fuente Ovejuna

#GataRevolcada

Salvador Cosío Gaona

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La aspiración lógica de la sociedad es tener un Fiscal General de la República realmente autónomo, con absoluta independencia de cualquiera de las ramas del poder público del Estado y eso solo será posible en México cuando la elección sea producto de una amplia consulta en la que participen universidades e instituciones académicas de investigación superior con prestigio en relación a la justicia, personajes destacados y colegios de profesionistas del derecho y ciencias afines así como organizaciones de la sociedad civil que, finalmente, podría ser la opinión de los justiciables y además legitimado por el voto de una mayoría calificada en el Senado con la ratificación por la otra Cámara, la de Diputados, aun sea con mayoría simple.

El arreglo político que a marchas forzadas se construyó en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para lograr elección de la mesa directiva a cargo del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que consiste en la discusión y consecuente aprobación de una iniciativa idéntica a la que el Presidente Enrique Peña Nieto presentó en el Senado hace un par de años no garantiza dicha autonomía e independencia del Fiscal General de la Nación por el simple hecho que la propuesta es aún proveniente del titular del Poder Ejecutivo, ya que aún eliminando el llamado pase automático, el actual titular de la Procuraduría General de la República participar en el proceso electivo y seguiría a cargo del titular del Poder Ejecutivo de la Unión realizar la propuesta de Fiscal General, menoscabando de origen la independencia y autonomía que se pretende y es necesario tenga ese importantísimo funcionario encargado de la acción penal federal.

El artículo 102 de la Constitución Política de La Nación debería reformarse integralmente para garantizar la plena autonomía e independencia de la Fiscalía General, de la Fiscalía Anticorrupción y de la Fiscalía de Delitos Electorales, correspondiendo a la Fiscalía General el ejercicio de la acción penal de todos los asuntos que no fueran electorales ni de combate a la corrupción con el respaldo de un nuevo ente, El Instituto de Servicios Periciales, pero como una institución autónoma de la Fiscalía General y de las fiscalías de Delitos Electorales y Anticorrupción, como una opción para garantizar una procuración de justicia autónoma y eficiente, tal y como lo demanda la sociedad.

Para que sea claro el tema del llamado pase automático es de observarse que en diciembre de 2013 la Cámara de Senadores analizó 56 iniciativas presentadas por diversos senadores de los distintos grupos parlamentarios, lo que dio origen a que el 3 de diciembre de 2013 se presentara a discusión el Dictamen de Proyecto de Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política-electoral, el cual fue aprobado por 107 votos a favor, incluyendo toda la bancada del PAN integrada por 38 Senadores, solo 16 en contra (PRD 10 y el PT 6) y 1 abstención, una vez hecho esto se turnó a la Cámara de Diputados, al recibir esta Cámara la minuta el 05 de diciembre de 2013, se le dispensaron todos los trámites y se sometió a discusión y votación de inmediato, el cual fue aprobado por 409 votos a favor, 69 en contra y 3 abstenciones.

La minuta regresó al Senado con pequeñas adiciones y el 13 de diciembre de 2013 el proyecto de decreto aprobado en lo general y en lo particular por 99 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones. Esta reforma constitucional se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014 y precisamente en su artículo 102 se creaba una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios. Se estableció que el Fiscal General duraría en su encargo nueve años y sería designado y removido con intervención del Senado. En esa reforma constitucional en su artículo Décimo sexto transitorio se estableció, que esas reformas: “entrarán en vigor en la misma fecha en que lo hagan las normas secundarias que expida el Congreso de la Unión necesarias por virtud de las adiciones, reformas y derogaciones a que se refiere el presente Transitorio, siempre que se haga por el propio Congreso la declaratoria expresa de entrada en vigor de la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República.

El Procurador General de la República que se encuentre en funciones al momento de expedirse la declaratoria a que se refiere el párrafo anterior, quedará designado por virtud de este Decreto Fiscal General de la República...”.

Esto último fue lo que desató una serie de críticas, por lo que el Presidente Peña Nieto decidió enviar con fecha 28 de noviembre de 2016 una iniciativa de reforma a dicho artículo décimo sexto transitorio señalando literalmente: “En tal virtud y en atención a distintas inquietudes relacionadas con el transitorio constitucional referido, que han sido manifestadas tanto por legisladores como por la propia sociedad, y la academia, me permito someter a consideración de esa Soberanía la presente iniciativa para modificar el multicitado artículo Décimo Sexto Transitorio, que prevé la designación de Procurador General de la República a primer Fiscal General de la República por ministerio constitucional”, con esto se acaba el famoso “pase automático”. Pero esta iniciativa se congeló y al no estar aprobada se tenía la entera posibilidad de permitir que Raúl Cervantes Andrade fuera automáticamente el nuevo Fiscal General de la República y eso causó el escozor por lo que tras la presión social y política ahora se ha convenido admitir una nueva iniciativa idéntica a la de Peña que no se discutió porque quizá era así la jugada, para que no sea automático el que se quede Cervantes Andrade, más seguirá el vicio en cuanto a qué se elegirá al Fiscal a partir de una propuesta presidencial qué recaerá seguramente en algún amigo o en alguien convertido en el personaje negociado convenientemente entre Peña y algunos partidos.

Lo cierto es que la reforma tal como está aún, con el famoso pase automático, sí fue aprobada por la bancada legislativa del PAN, siendo falacia lo que alegaba el presidente de ese partido Ricardo Anaya en el sentido que ni él si su partido eran cómplices de ese esquema de pase automático.

@salvadocosio1

opinion.salcosga@hotmail.com

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