• Regístrate
Estás leyendo: #CHARCOSyMUGRE
Comparte esta noticia
Sábado , 21.07.2018 / 17:20 Hoy

#CHARCOSyMUGRE

Publicidad
Publicidad

Tras un año de investigaciones sobre el caso Odebrecht, la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció la primera sanción a un funcionario de Petróleos Mexicanos (PEMEX) por haber autorizado, con pagos excesivos, la ejecución del contrato Tula 1 para la conformación de plataformas y aprovechamiento de residuales de la refinería Miguel Hidalgo; una sanción por 119 millones de pesos, destitución e inhabilitación por diez años para ocupar cualquier cargo en la administración pública federal a Marco Antonio Sierra Martínez, un funcionario menor, inhabilitándose también a la empresa brasileña Odebrecht por cuatro años, lo que implica que no podrá participar en proceso de licitación alguno para obtener contratos con el gobierno federal. No obstante que el anuncio es importante en razón del monto de la multa y por el alcance de la sanción, pero la pregunta obligada es qué pasó con las investigaciones penales por actos de corrupción, no de los bajos perfiles, sino a los altos funcionarios de nuestra mayor empresa productiva del Estado. Pero aunque ya se cuenta con datos suficientes para inhabilitar a Odebrecht, siguen retrasados los procesos a cargo de la Procuraduría General de la Republica (PGR) para resolver la responsabilidad penal de los entonces titulares de PEMEX.

Hay que recordar que al inicio de este año Odebrecht confesó ante el Departamento de Justicia de Los Estados Unidos de América haber realizado una multitud de operaciones irregulares –sobornos a cambio de jugosos contratos– que involucraban a altos funcionarios gubernamentales en 11 países, por un monto de más de 450 millones de dólares.

En países como Perú, Brasil y República Dominicana sus expresidentes han sido inculpados y algunos hasta encarcelados. En México la suma declarada del soborno alcanza los 10 millones de dólares, pero la lentitud y la opacidad de las investigaciones ha sido la pauta; el argumento que se ha esgrimido para la reserva de la información es que el proceso debe protegerse hasta que haya una consignación ante un juez. La lista de irregularidades en el caso ya es larga. La Auditoria Superior de la Federación (ASF) identificó en su Informe sobre la Cuenta Pública 2015, pagos de PEMEX a Odebrecht sin un soporte adecuado por 950 millones de pesos, y en junio de 2017 la propia SFP detectó que la empresa brasileña había transferido 3.7 millones de dólares a una empresa fantasma en Veracruz.

La red de malos manejos en Pemex es más profunda y no sólo se refiere a Odebrecht. De hecho, el pasado 14 de diciembre la SFP destituyó a ocho empleados adscritos a la Terminal de Almacenamiento y Despacho en Chihuahua, Pemex Logística, por alterar la medición para el llenado de los autotanques de combustible. A este caso se le suma el de marzo pasado en que siete empleados de Pemex fueron multados por 49 millones de pesos por autorizar pagos indebidos por 35 millones de pesos, y seguro que la lista es más larga.

La titular de la SFP Arely Gómez exige que con estas sanciones hace lo que le corresponde y debemos de reconocérselo, pero ello mismo da cuenta de que el objetivo central del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), que es la coordinación entre las áreas que lo conforman, a fin de acelerar y sustentar los procesos que a cada cual le competen, no se ha logrado activar. Las deficiencias en la administración de los cuantiosos recursos de Pemex no pueden corregirse con sanciones a funcionarios de nivel medio o bajo. Es urgente que la responsabilidad sobre el ejercicio de recursos alcance a los altos funcionarios, sólo así podrán generarse los incentivos para desmontar los procesos que cobijan a la corrupción. Es necesario que quienes suscriban los grandes contratos en las dependencias sean sus titulares para que no se oculten bajo sus subordinados.

El recién designado titular de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEPADE), Héctor Marcos Díaz-Santana Castaños, afirmó que no habrá de enterrar el caso de corrupción de Odebrecht, en el que se involucra al ex director de PEMEX Emilio Lozoya Austin, y afirma que hará que se proceda conforme a derecho y ofreció que de inmediato se dedicará a analizar a fondo el asunto a fin de impulsarlo.

El nuevo fiscal defiende su designación y dice que no le debe el cargo a nadie. Díaz-Santana Castaños defiende que su designación fue producto del consenso y que no tiene vínculos partidistas, declara que no lo doblarán las presiones, aunque reconoce que éstas son parte de la naturaleza de una institución como la Fepade. “Las presiones se diluyen cuando se hace bien el trabajo”, refuerza que va a estar muy bien arropado por las personas de la fiscalía que están con él y dice que su compromiso al frente de la FEPADE es generar condiciones para que los ciudadanos voten en libertad, sin condicionamientos, y que sus sufragios contribuyan a la legitimidad del proceso electoral. ¡Habrá que verlo!

Es urgente que se avance en la sanción ejemplar por la corrupción en PEMEX y no se siga permitiendo impunidad protegiendo a personajes presuntamente destacados por su cercanía a las más altas esferas del poder en donde abundan charcos y mugre y se sigue prohijando desconfianza social en el famoso nuevo Sistema Anticorrupción.

@salvadocosio1

opinion.salcosga@hotmail.com

Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta página, mismo que es propiedad de MILENIO DIARIO S.A. DE C.V.; su reproducción no autorizada constituye una infracción y un delito de conformidad con las leyes aplicables.