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Lunes , 24.09.2018 / 03:17 Hoy

Columna de Romeo Ricardo Flores Caballero

¿Perdimos la soberanía?

Romeo Ricardo Flores Caballero

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La iniciativa de ley presentada al Senado por el presidente Peña Nieto para reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos con propósito de permitir su uso a los agentes aduanales y de migración de Estados Unidos huele mal e invita a reflexionar sobre la independencia y la soberanía de México. Al presidente Miguel de la Madrid le preocupaba la omnipresencia de Estados Unidos en su gobierno. Su irritación era explicable porque no estaba preparado mentalmente para enfrentar lo que sabía: El fin del nacionalismo revolucionario y el inicio de la revolución neoliberal. Los seis presidentes del régimen neoliberal que le siguieron, (cuatro priistas y dos panistas) se encargarían de pavimentar el camino para hacer realidad el viejo anhelo de nuestros vecinos por apoderarse de México iniciado por Joel Poinsett, primer embajador estadunidense. Ahora, treinta y dos años después, la soberanía y la independencia de México están a merced del gobierno de Estados Unidos

Es cierto que los cambios del orden internacional, especialmente la globalización, obligan a revisar los conceptos de independencia y de soberanía aunque, como se sabe, las nuevas definiciones responden más a los intereses del Grupo de los Ocho (G-8), que a los países subdesarrollados. En México, la trasferencia de la soberanía y la independencia se inició en 1982 con la aceptación del Consenso de Washington, que significaba ceder la política económica y financiara a los mandatos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Banco Mundial (BM): Adelgazar al Estado, encumbrar al sector empresarial, vender las empresas públicas, disminuir salarios y reducir impuesto. Desde entonces, la economía y las finanzas de México responden a los altibajos de la política económica de nuestros vecinos dejando intacta la asimetría económica y financiera entre ellos.

La pérdida de la soberanía y la independencia responde al interés y a la seguridad nacional estadounidense amenazada por el desorden económico, político y social de México. A esto respondió el Plan Puebla-Panamá abanderado por el “iluminado” presidente Fox, aunque diseñado por el Departamento de Estado. El ingenuo mandatario cayó en el garlito de hacer de México “una nación líder en América Latina” e impulsar el desarrollo y la integración regional para los países de Mesoamérica. El fracaso del Plan, sin embargo, rebeló las verdaderas intenciones de nuestros vecinos cuando el presidente Felipe Calderón propuso el Plan Mérida o Plan México que terminó por convertirse en apéndice de la justicia estadounidense con la participación activa en México de más de mil funcionarios del Departamento de Estado; el Departamento de Justicia; el Consejo Nacional de Seguridad; el Pentágono; la Agencia Central de Inteligencia, (CIA); el Buró Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Antidrogas, (DEA); la Oficina de Control, Tabaco y Armas con carta blanca para intervenir en asuntos internos con la cooperación, por parte de México, de la Secretaría de Seguridad Pública, la Procuraduría General de la República y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional.

Mil seiscientos millones de dólares aprobados por el Congreso de Estados Unidos de “un paquete de asistencia” respaldan este programa. De ellos, el gobierno recibió 400 millones en el primer año supuestamente destinados “para combatir al narcotráfico”. La ayuda en especie se invertiría en material y equipos diseñados y fabricados en Estados Unidos, serviría para entrenar y capacitar a más de cinco mil oficiales y administradores del sistema penitenciario mexicano, capacitar 7 mil 500 funcionarios del sistema judicial federal de México y 19 mil funcionarios de los Estados de la República. A esto se agregarían 21 aeronaves para la investigación de flujos financieros transfronterizos, lavado de dinero y crímenes financieros. Quizá por ello el presidente Calderón propuso cambiar el nombre de Estados Unidos Mexicanos por simplemente México.

Los Planes Mérida y Puebla Panamá parecerían suficientes para garantizar la seguridad nacional y satisfacer el interés nacional y la tranquilidad de nuestros vecinos, pero no es así. México “no es un país normal” si tomamos en cuenta que su actual desempeño económico es menor al de hace 32 años, que vivimos en una crisis económica crónica y los índices de desempleo y la informalidad crecen exponencialmente, donde Ayotzinapa e Iguala siguen vivos; desaparecen 13 personas por día; se reportan más de un millón y medio de delitos por año incluyendo homicidios dolosos, secuestros y extorciones; se bajan los precios del petróleo y se recorta la producción de Pemex, se despide masivamente a trabajadores, aumenta la violencia y la inseguridad; falta transparencia; se toman e incendian oficinas públicas y casas de gobierno; los profesores de la CNTE se portan como vándalos, brota la destrucción anarquista, crece el terror y la “mexicanización de Argentina” comentada por el Papa, se mediatizan los medios de comunicación; surgen las “casas blancas” del Presidente y su Secretario de Hacienda y González Iñárritu ruega porque tengamos “el gobierno que merecemos”. Todo esto, sin olvidar, la desconfianza hacia las instituciones públicas y privadas, al gobierno, a los políticos y reconocer el aumento de la corrupción y la impunidad.

Esto, considerado dentro del interés nacional de Estados Unidos, es una amenaza a su seguridad. Por ello la decisión de completar el Plan Mérida al reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y permitir que los agentes aduanales y de migración de Estados Unidos que ya trabajan en México se armen como parte de un Programa Conjunto de Revisión Aduanera. Iniciativa que sin duda habrá de apoyar el Congreso para sepultar la independencia y la soberanía de México.

Si la desconfianza nos obliga a recurrir a organismos internacionales para vigilar nuestras licitaciones públicas, ¿Por qué no poner en manos del vecino nuestra soberanía y nuestra seguridad? ¿No cree usted?

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