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Martes , 23.10.2018 / 09:38 Hoy

La Semana de Román Revueltas Retes

También mueren policías y soldados

Román Revueltas Retes

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Falta todavía que se aparezca una turba de deudos de policías asesinados para bloquear una autopista o tomar por asalto la caseta de peaje y agenciarse las cuotas, como se estila en los territorios del suroeste mexicano. También podrían manifestarse los familiares de los soldados caídos en el combate a las mafias del crimen organizado. ¿Recuerdan ustedes aquel suceso atroz en el que murieron doce policías federales, el 12 de julio de 2009, en Michoacán? Se habían adentrado en el poblado de Arteaga para realizar labores de inteligencia, pero no contaban con el debido respaldo de su propia corporación y, detectados de inmediato por los sicarios de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, antiguo líder de La Familia Michoacana, fueron secuestrados y torturados hasta la muerte. Su suplicio fue filmado por sus verdugos y enviado a algunos medios que, en una visión totalmente distorsionada de la labor periodística, cometieron el imperdonable e infamante quebrantamiento de trasmitirlo al público, como si la experiencia de ese horror en el que se solazaban los canallas debiera ser todavía magnificada. Haydée Villalobos, una mujer, había sido la primera en ser raptada. Luego cayeron los demás y, entre las salvajadas perpetradas por sus bárbaros captores, a uno de los agentes le arrancaron un ojo.

Pero, entonces, ¿cómo es que los parientes de estas víctimas no se han manifestado para lanzar las acusaciones de rigor, entre ellas la de que fueron enviados por sus superiores a una comunidad peligrosa sin la necesaria protección? Tampoco hemos sabido nada de la viuda del policía matado a palos por las hordas de manifestantes que pretendían bloquear el acceso al aeropuerto de Acapulco, en noviembre de 2014. ¿Acaso su simple condición de agente municipal le resta jerarquía en el escalafón de los mártires? ¿Su muerte, acaecida en el cumplimiento del deber y en una circunstancia de pavorosa indefensión, no le importa a nadie? ¿Lo acaecido a ese individuo no merece figurar siquiera como una noticia consignable y recordable? ¿Su suerte, por ser policía, es la oscuridad y el anonimato? ¿Tampoco podremos denunciar la colosal injustica que significa —como en el caso de Gonzalo Rivas, el trabajador de la estación de servicio que pereció quemado en uno de los motines protagonizados por los incendiarios de la mentada escuela normal de Ayoztinapa— el hecho de que sus asesinos sigan libres y tan campantes?

No hay manera, en este país, de invocar figura alguna de autoridad sin que te respondan con un coro de invectivas e insultos. Y, las palabras han sido también confiscadas por los denunciantes de siempre: el término “brutal represión” sale a relucir invariablemente cada vez que la fuerza pública interviene para contener una manifestación o intentar disolver un bloqueo. ¿Pero, entonces, lo otro, qué es? ¿No hay brutalidad alguna cuando matas a golpes un agente del orden? ¿Y no debiéramos también comenzar a entender —más allá de los asuntos de corrupción, las imperfecciones de nuestra democracia y las expectativas incumplidas por el aparato gubernamental— que el Mal, con mayúscula, no lo encarna el Estado mexicano ni que tampoco lo representan sus agentes sino que los malnacidos son los asesinos, los secuestradores, los sicarios de las organizaciones criminales y la maldita subespecie de individuos violentos que puebla tantas regiones de este país? ¿Por qué no señalamos de una buena vez a los autores de la masacre de Iguala, los miembros de la banda Guerreros Unidos, y nos dejamos ya de lanzar acusaciones a quienes no tuvieron nada que ver, de exigir cuentas impagables y de usar esa tragedia como un pretexto para armar desórdenes, desmanes, saqueos, bloqueos y algaradas?

Insistamos en demostrar una realidad que los inconformes ignoran selectivamente: en México han muerto policías y militares, centenares de ellos, y han caído por cumplir la encomienda de brindar seguridad a sus compatriotas. No estamos haciendo aquí ninguna apología del autoritarismo ni tampoco un llamado a la denostada “mano dura”, más allá de que la ruptura del orden público esté afectando directamente, en sus garantías individuales y en sus bolsillos, a miles de ciudadanos. Estamos hablando, simplemente, de otras víctimas. De gente, miren ustedes, que tiene exactamente esos mismos derechos humanos que tanto invocan los agitadores.

revueltas@mac.com

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