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Domingo , 27.05.2018 / 13:52 Hoy

La Semana de Román Revueltas Retes

"Gasolinazo": ¿más dinero para Duarte y toda esa gentuza?

Román Revueltas Retes

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¿Se podría siquiera insinuar que el incremento a los precios de los carburantes es una distintiva acción de gobierno? Aunque una gran mayoría de los ciudadanos responda airadamente en sentido negativo, tenemos que recordar que el propósito de los encargados de la cosa pública en cualquier país no es contentar complacientemente a las mayorías sino atender los intereses superiores de la nación. Y, en este sentido, la medida de no seguir desviando los recursos del erario para mantener artificialmente bajos los precios de los combustibles es simplemente correcta, más allá de que pueda haber sido implementada de manera un tanto abrupta.

Algunos comentaristas dicen que no era el momento. Pero, nunca habrá un instante idóneo para aplicar disposiciones impopulares: serán rechazadas, por principio, en toda ocasión y en toda circunstancia. En todo caso, lo que ha tal vez fallado es la manera de comunicar las cosas a la población en un entorno de descontento y desencanto: desde los sucesos de Ayotzinapa —cuyos pormenores han sido escrupulosamente detallados y cuyas derivaciones legales se tramitan ahora mismo con los debidos fundamentos— el Gobierno no ha sabido explicar sus acciones con claridad. Tan sencillo, señoras y señores, que hubiera sido implementar la correspondiente estrategia propagandística para insistir, machaconamente, que los grandes enemigos de los mexicanos no son ni el Ejército ni el Gobierno sino los sanguinarios canallas de las organizaciones criminales, junto con esos cómplices suyos que se han logrado incrustar en el aparato público (hay que repetirlo incansablemente: el hecho de que la estructura gubernamental esté parcialmente, o marginalmente, infiltrada por individuos al servicio de la delincuencia no significa que la política oficial del Estado esté dirigida a cometer crímenes, a violar sistemáticamente los derechos humanos o a perpetrar atrocidades como la ocurrida en Iguala). Pero no: la desafortunada frase —la “verdad histórica”— de un fiscal de la nación que cumplió esmeradamente con su deber bastó para que se propalaran toda clase de teorías conspiratorias, que se lanzaran descomunales acusaciones y que se descalificara de un plumazo a unas autoridades que, desde un primer momento (y, a diferencia de lo que ha ocurrido en otras ocasiones), comenzaron a realizar las correspondientes indagaciones, a detener a los presuntos culpables y a poner en marcha el aparato de la justicia. ¿Y el Gobierno, mientras tanto? Pues, totalmente pasmado e incapaz de validar sus propias acciones y de defender sus posturas. Por el contrario, respondió como un acusado, arrinconado por la fiereza de los difamadores y extrañamente dispuesto a abrirle la puerta a cualquiera que, venido de fuera, desconociera pruebas científicas y conclusiones periciales para satisfacer a los dioses del “radicalismo antisistema” en el altar de las grandes causas sociales.

Hoy, habiendo dado ese salto al vacío que significa golpear directamente el bolsillo de millones de mexicanos, el aparato de comunicación del Gobierno tampoco logra explicarnos de manera mínimamente convincente las razones de tener que pagar lo que cuestan las cosas. El secretario Meade se ha expresado con ejemplar claridad —precisó no solo que existen tres componentes que determinan el precio de los combustibles (costo en los mercados, distribución e impuestos) sino que puntualizó también que hubo una reducción en los gravámenes— pero su mensaje no ha alcanzado una difusión universal. Y, de cualquier manera, no le toca a él la tarea propagandística.

Así las cosas, y manteniendo en estas líneas la postura de que la medida era tan inevitable —aparte de tardía, dicho sea de paso, y derivada de décadas enteras de inacción (justamente, por los costos políticos)— como necesaria, hay otro elemento que surge cuando a los ciudadanos de un país se les pide que se aprieten el cinturón para mejorar la recaudación o volver más eficiente el manejo de los recursos públicos: ¿cuál es el destino que se dará a esos caudales? Pues bien, cuando apenas se ha apagado el eco de esta pregunta, se aparecen en el escenario las figuras de Javier Duarte, de Guillermo Padrés o de Roberto Borge, entre otros saqueadores de la nación, para recordarnos que, en este país, los dineros de los impuestos que pagamos los ciudadanos van a parar directamente a las manos de estos canallas malnacidos. Sujetos perfectamente capaces de agenciarse las ayudas que el Gobierno federal envía a los damnificados de catástrofes naturales, de alterar las partidas presupuestales en beneficio propio y de dejar en la ruina total a estados enteros de la Federación. ¿Para eso, para provecho de esta gentuza debemos pagar más cara la gasolina y sobrellevar los aumentos generalizados de los precios? Y, bueno, ni hablemos de las gratificaciones, sobresueldos, aguinaldos y privilegios que se auto otorgan los representantes populares en nuestro Congreso bicameral. No son capaces ni de comprarse una iPad con los generosísimos emolumentos que se embolsan. Sigamos, en una lista que sería interminable, con las corruptelas generalizadas a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Las vamos a seguir financiando todos?

El enojo de los mexicanos no se mitigará mientras no se limpie la casa, señor presidente Peña, con todo respeto.

revueltas@mac.com

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