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Viernes , 22.06.2018 / 18:20 Hoy

La Semana de Román Revueltas Retes

¿Fue el Estado? No… ¡Fue López Obrador!

Román Revueltas Retes

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Navegando por la red para enterarme de qué tan expertos son los miembros del grupo interdisciplinario (aunque, a lo mejor, ese término "disciplinario" que lleva, así de incorrecta como sea su utilización, es el que debiera aplicársele, si te atienes a las definiciones del diccionario de la Real Academia Española —1. Adj. Perteneciente o relativo a la disciplina. 2. Adj. Que establece subordinación y sujeción a determinadas reglas. 3. Adj. Dicho de una pena: Que se impone por vía de corrección. 4. Adj. Dicho de un cuerpo militar: Formado con soldados condenados a alguna pena— porque, digo, los tales "expertos" le han impuesto a la Fiscalía de nuestra nación la pena del descrédito, le han aplicado al Ejército Nacional Mexicano —y a la Policía Federal— el castigo de afrontar acusaciones gravísimas y, finalmente, le han asestado al Gobierno de este país la sanción de una deshonra internacional que lleva inclusive sellos de validación de la ONU y la OEA), navegando por la red, repito, me encuentro, para empezar, con que no son "peritos" —no son criminólogos ni especialistas en incineración de restos humanos ni médicos forenses ni detectives— y, encima, con que la reputación de alguno de ellos no está enteramente exenta de turbiedades: en su desempeño como fiscal, la señora Ángela Buitrago usó testigos falsos y fabricó pruebas para inculpar al coronel Alfonso Plazas en la supuesta desaparición forzada de dos personas, luego de que las Fuerzas Armadas de Colombia tomaran por asalto el Palacio de Justicia de Bogotá, ocupado previamente por guerrilleros del M-19, en 1985. El coronel, tras de pasar ocho años en prisión, fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia de la nación colombiana, en diciembre de 2015. Claudia Paz y Paz parecería totalmente inmune a cualquier posible cuestionamiento: candidata al Premio Nobel de la Paz en 2013, reconocida por la revista Forbes, laureada por la Universidad de Georgetown y merecedora de galardones internacionales en el tema de derechos humanos, su participación en el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes se explica, justamente, a partir de sus desempeños como Fiscal General en Guatemala y, en su caso particular, que se te ocurriera consignar las descalificaciones y denuncias que aparecen en medios en línea como el PanAm Post o el sitio que mantiene el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal, A.C., no haría más que situarte en la primera línea de la presunta campaña de difamación que estarían llevando a cabo algunos periodistas. Carlos Martín Beristain, doctor en Psicología, se dedica a atender a las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Francisco Cox es abogado e, igualmente, experto en ese tema pero no en investigaciones criminales. Por último, el colombiano Alejandro Valencia posee prácticamente el mismo perfil.

Estamos hablando, luego entonces, de un grupo de activistas, de individuos que se han entregado de manera directa a una causa y que han emprendido una suerte de militancia personal para promover la defensa de la justicia y los derechos humanos. No olvidemos, con todo, que Claudia Paz y Ángela Buitrago trabajaron como fiscales en el aparato gubernamental, durante las presidencias de Álvaro Colom y Otto Pérez Molina, en el caso de la guatemalteca, y la de Álvaro Uribe, en lo que se refiere a la colombiana, lo cual podría sembrar algunas dudas acerca de su "independencia".

Ahora bien, el Gobierno de México no aceptó la participación de estos expertos debido a presiones del exterior o para cumplir con alguna exigencia de algún organismo internacional. Lo hizo, creo yo, para conjurar esa extrañísima condición de ilegitimidad que lleva sobre los hombros y que no le permite, en estos mismos momentos, dar un manotazo sobre la mesa y nombrar las cosas por su nombre, a saber: que un señor, de apellido Abarca, alcalde perredista de Iguala, mantenía relaciones de estrecha complicidad con la organización criminal Guerreros Unidos (por cierto, ¿lo interrogaron los miembros del GIEI?); que el atroz suceso ocurrió en un estado de la República gobernado por un partido de oposición; que las confesiones de los sicarios, los policías de Iguala y los jefes criminales son lo suficientemente plausibles como para explicar y aclarar los hechos; que las fallas al debido proceso (sabemos ya del catastrófico desempeño de la justicia en este país) no llevan obligadamente a determinar que el Ejército participó en la matanza; y, finalmente, que el caso fue seguido de manera muy minuciosa por una Procuraduría General que realizó exhaustivas investigaciones, peritajes, informes y estudios. El expediente tiene... ¡más de 50 mil hojas, señoras y señores!

El GIEI, en el mejor de los casos, vino a proseguir su muy justiciera cruzada. Y, así, terminó por fabricar un cenagoso paisaje de acusaciones encubiertas, sospechas, presunciones y recelos. De paso, se reavivan las voces de que quienes piden la reaparición de los 43 estudiantes y denuestan al Ejército Mexicano. Y, casi nadie se sorprende al constatar la terca persistencia de tan absurda postura.

Pues bien, de la misma manera, ejerzamos alegremente la facultad de acusar sin pruebas (aunque, aquí sí, con algo de lógica): la atrocidad ocurrió en territorio perredista, ¿verdad? Y, sirve primerísimamente los intereses de ya-saben-ustedes-quien, ¿o no? Bueno, comencemos entonces con otro movimiento popular, bajo la siguiente consigna: "¡No fue el Estado, fue López Obrador!". Digo...


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