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Lunes , 15.10.2018 / 05:05 Hoy

La Semana de Román Revueltas Retes

¡Cárcel a empresarios!

Román Revueltas Retes

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Desde luego que es una exageración —esto de invocar que nuestras autoridades los van a encerrar como a cualquier ladrón de un six-pack de cervezas por ponerse respondones e incumplir deliberadamente con sus obligaciones fiscales— pero el mensaje de los temibles inquisidores de nuestro Servicio de Administración Tributaria (SAT) es lo suficientemente tajante como para que los patrones se lo piensen dos veces antes de siquiera intentar un asomo de resistencia civil. Quien “se atreva” a no apoquinar lo que le debe a doña Hacienda “tendrá que responder”, advierte Aristóteles Núñez, el perseguidor mayor del SAT. Y las sanciones van desde una bicoca, poco más de mil devaluados pesos, hasta penas de prisión que pueden alcanzar nueve años.

Muy bien, advertimos aquí una ejemplar firmeza del Estado mexicano en el trato que brinda a un sector de la sociedad. No parece, sin embargo, que ese rigor lo aplique en todos los ámbitos ni a todos los ciudadanos. Por el contrario, la pasividad y la inacción de las autoridades alcanzan cotas absolutamente asombrosas cuando las revueltas son encabezadas por esos activistas, aun cuando se trate de un puñado de revoltosos (perfectamente capaces, sin embargo, de bloquear una avenida principalísima en cualquier ciudad), que se arrogan la suprema potestad de encabezar “luchas sociales”.

En una apreciación que comparten no pocas personas, los empresarios estarían defendiendo meramente sus intereses —que muchos mexicanos deslegitiman de buenas a primeras porque en nuestra cultura nacional no se valora el espíritu emprendedor y la simple intención de crear riqueza está mal vista— en detrimento de los “derechos laborales” y otras prorrogativas que el Gobierno les estaría negando a los profesores de la CNTE, la Ceteg y, ya de paso, a todos aquellos individuos que sufren la inmisericorde explotación del sistema capitalista. O sea, que la suya, la movilización de los representantes de la iniciativa privada, no es una causa muy popular ni que despierte demasiadas simpatías. Pero, más allá del perfil de estos nuevos inconformes, es innegable que los cierres de autopistas, los bloqueos de centros comerciales, los saqueos y la destrucción de oficinas públicas no sólo están afectando a los empresarios sino a miles y miles de ciudadanos de a pie, a trabajadores del sector turístico, a pequeños comerciantes y, por si fuera poco, a los pobladores de las zonas más desfavorecidas de la República que ya no pueden recibir las ayudas que les envían los organismos gubernamentales encargados de mitigar la pobreza. Estamos hablando de unas consecuencias muy graves para la economía de regiones enteras.

Luego entonces, lo que se tacha de “ofensiva patronal” no resulta exclusivamente de una merma en las cuestionables e inmerecidas ganancias de los “ricos y los poderosos”, debida a las violencias de los agitadores, sino que los daños los padecen todos los ciudadanos, incluidos esos niños que no tendrán clases porque los maestros amenazan con suspender el inicio de próximo ciclo escolar (esta infamia debiera significar en sí misma un delito mayor ya que no hay injusticia más grande que privar a los niños de la nación de un derecho absolutamente fundamental). Y así, esos empresarios se convierten, de pronto, en los emisarios de un sector mayoritario de la sociedad que, curiosamente, no se ha organizado para expresar su profundo descontento ante la inacción del Estado. Por cierto, hablando de “atrevimientos”, ahí donde los agitadores han osado perpetrar toda suerte de ilegalidades —quemas de autobuses, robos de autos, abandono de sus empleos y bloqueos de refinerías—, a los representantes de las organizaciones patronales se les advierte que “no se puede combatir la ilegalidad con otra ilegalidad”, es decir, que la respuesta a una ilegalidad perfectamente tolerada no puede ser otra ilegalidad que, miren ustedes, todavía no ha sido siquiera consumada.

Héctor Aguilar Camín, entrevistado en MILENIO Televisión, dijo que hay que aceptar la inacción del Estado como una realidad consustancial en una sociedad mexicana muy reacia a cualquier forma de “represión” desde que ocurrieron los sucesos de 1968. Se refería a un fenómeno que no nos queda más remedio que constatar como una suerte de fatalidad nacional, a saber, que prácticamente ninguna autoridad municipal, estatal o federal emprenderá la más mínima acción para desalojar o dispersar a los manifestantes que taponan una autopista o incendian un camión de mercancías. Así las cosas, y afrontando además las intimidantes advertencias destinadas a cualquier grupo que no haya decidido explotar los jugosos réditos de la violencia, los empresarios no obtendrán satisfacción. Tampoco se hará justicia a los dueños de los pequeños comercios, a los meseros despedidos, al personal de los hoteles cerrados ni a los taxistas. Ah, y de los niños de Oaxaca ni hablamos. Privados vilmente de sus derechos, tendrían que ser los primeros en ser atendidos por el Estado mexicano. Pues, no. Ahí seguirán, abandonados a su suerte. Para mayores señas, el responsable de la política interior en esa entidad declaró que “es preferible tolerancia excesiva que represión”. Estamos avisados.

revueltas@mac.com

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