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Miércoles , 17.10.2018 / 18:33 Hoy

Columna de Román Munguía Huato

De farsas y resistencias solidarias

Román Munguía Huato

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La ópera bufa [del italiano **opera buffa, commedia per musica o dramma giocoso per musica] se desarrolló en Nápoles en la primera mitad del siglo XVIII. Su contraparte estilística es la ópera seria. Por ejemplo, una auténtica ópera bufa, aunque sin música, es el emplazamiento a huelga de los Sindicatos de Trabajadores Académicos [STAUdeG] y de Trabajadores Administrativos [SUTUdeG], a la Universidad de Guadalajara, por un incremento salarial de 23 por ciento. Tal demanda fue presentada hace días. De no llegar a un acuerdo, es un decir, con las autoridades patronales, estallaría la huelga el 1 de febrero de 2017 [MILENIO Jalisco, 20/10/201]. Solamente ha habido una huelga en la historia de la UdeG, en junio de 1990, para obtener las Condiciones Generales de Trabajo, y aconteció en el marco de la disputa por el poder entre el viejo Grupo FEG-Universidad y la entonces rectoría de Raúl Padilla López y su naciente cacicazgo. El paro laboral lo realizó el SUTUdeG encabezado por su secretario general Jorge Arturo [Tito] Vargas Ramírez. Este sindicato fue también objeto de conflicto y con el triunfo de Padilla López se convirtió en un sindicato blanco, un sindicato patronal cuyos dirigentes designa el cacique desde entonces, al igual que en el STAUdeG. Enrique Velázquez y Jesús Becerra, respectivamente “líderes” del STAUdeG y del SUTUdeG, se presentaron ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a presentar el emplazamiento a huelga. A tono con la farsa la comitiva sindical se dirigió a la rectoría general de la UdeG a entregar el pliego petitorio. De dar risa el **dramma giocoso. La bufonada se hace de manera seria, creíble, pero eso es parte del espectáculo digno del Teatro Diana.

Supuestamente el STAUdeG afilia a cerca de 16 académicos, cuyos ingresos salariales, ciertamente, están por debajo de otras universidades. El SUTUdeG agremia a 6 mil trabajadores con ingresos muy precarios. La demanda de 23 por ciento de aumento salarial está totalmente justificada, especialmente para los trabajadores administrativos y de servicios, pero de ahí a que tal demanda legítima se obtenga depende más de la acción decidida de los miles de académicos y de los administrativos y de servicios haciendo la huelga. El papel de los dirigentes espurios, que para nada defienden a sus agremiados –como es el caso reciente de la maestra Ana Estrada Salgado, despedida injustificada por las autoridades–, es controlar corporativamente a los trabajadores universitarios obedeciendo las órdenes del cacique para beneficio de él mismo y de toda una camarilla enquistada en la institución desde hace décadas. El papel del sindicalismo blanco [patronal] venal es controlar política y férreamente a sus agremiados cuyos bajos salarios benefician a alta burocracia que percibe sueldos altísimos. El contraste salarial es abismal y esta injusticia también es producto de una nula o casi nula conciencia sindical democrática. La corrupción y el saqueo financiero en la UdeG es práctica cotidiana del grupo que detenta el poder mediante una densa red clientelar y corporativa. Tal situación ominosa también deriva en una tendencia a una baja calidad académica y al rechazo de miles jóvenes estudiantes.

La iniciativa de más de 50 sindicatos universitarios emplazando a huelga general es muy loable, pero es una acción más amenazante que una estrategia por la defensa salarial. Una huelga, en efecto, podría ser una forma eficaz en resistencia para frenar el recorte presupuestal a la educación pública por el gobierno de Peña Nieto. Es clarísimo que la educación popular no constituye para el gobierno federal una estrategia para el desarrollo social. El recorte en educación media y superior suma 10 mil 80 millones para el año entrante, casi el presupuesto de la UdeG. Pero la embestida gubernamental no solamente es de austeridad económica, además es política autoritaria con el propósito de domesticar más a las universidades afectando más la autonomía de lo que si es poco menos que existente, como es el caso de amenazar la vigorosa autonomía de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México [UACM]. Lo señala muy bien un académico de la UdeG: “El status que se pretende otorgar a la UACM se inscribe en un contexto más general de «Reforma de la Educación Superior» que se está cocinando desde la propia Asociación Nacional de Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior [ANUIES]; y que en nuestra universidad, con la complicidad de los sindicatos y de la organización estudiantil, ya inició, tratando de poner a modo la legislación [Ley Orgánica, Estatuto Orgánico y Reglamento de Ingreso y Promoción del Personal Académico, RIPPA] con los principios establecidos en dicha contrarreforma. Entre otros, hacer más asimétricas las relaciones empleado-patrón, a favor de este último, debilitar los sistemas de seguridad social, la promoción académica y el ingreso, así como endurecer el tema de las certificaciones y evaluaciones del desempeño con propósitos de permanencia”. Se necesita dinero para las universidades públicas y sus prioridades académicas, no para sus cúpulas burocráticas. Entonces, para aumentar el salario integral y la defensa de la educación pública es necesario luchar consecuentemente por un verdadero sindicalismo y una comunidad universitaria democrática.

Entre las áreas más afectadas en ese terreno educativo se encuentran la dirección general de Desarrollo de la Gestión e Innovación Educativa, la subsecretaría de Educación Superior, la dirección general de Educación Superior Universitaria, la subsecretaría de Educación Media Superior, la Coordinación Nacional del Servicio Profesional Docente y el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa.

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