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Sábado , 15.12.2018 / 05:46 Hoy

Columna de Rogelio Montemayor Seguy

Son las instituciones, estúpido

Rogelio Montemayor Seguy

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Sin temor a equivocarme, la corrupción es el problema que más agravia y preocupa a la mayoría de los mexicanos, hombres y mujeres de todas las edades. Si logramos resolver este problema, habremos avanzado mucho en la solución de la inseguridad y tendremos una economía más incluyente y capaz de generar niveles de vida aceptables para todos.


En un artículo anterior afirmé que el mero cambio de partido en el gobierno no resuelve la corrupción; la alternancia puede ayudar, pero no resuelve de fondo el problema. La evidencia de alternancias en diversos gobiernos, municipales, estatales y el federal, así lo muestra ampliamente.


La corrupción tampoco es un problema de virtudes personales; una cabeza de gobierno honesta ayuda sin duda, pues cuando la cabeza se corrompe, el ejemplo cunde y se corrompen las instituciones, abundan los ejemplos, varios en nuestro Estado; sin embargo una cabeza honesta por sí sola no resuelve el problema, el mero ejemplo no devuelve fortaleza a las instituciones y por tanto su efecto es efímero y de poco alcance, más aun, dada la enorme diversidad de actores en los distintos niveles de gobierno y poderes y en la economía privada. El ejemplo personal de la cabeza de un gobierno ayuda, pero no basta para erradicar conductas corruptas. 


Erradicar la corrupción, al menos reducir su incidencia a significar la excepción, requiere reglas, normas legales que dificulten y encarezcan la comisión de actos de corrupción. Más ello tampoco basta, el impacto de las buenas normas debe ser complementado con instituciones capaces de aplicarlas con prontitud y sin excepciones, para que ningún acto fuera de la ley quede sin castigo, sin importar quién lo cometa. 

 
En el ámbito de las normas, mucho se ha hecho desde que en 1982 el Presidente Miguel de la Madrid promovió la creación de la entonces Secretaría de la Contraloría. A partir de ese hecho hay avances importantes hasta llegar, en el presente, a la creación de los sistemas anticorrupción, el federal y los estatales, si bien aun inconclusos.


En el ámbito de la aplicación de las normas, los avances son menores, pobres se puede afirmar, pues el nivel de impunidad es terrible.


Acabar con lo impunidad es el único camino seguro para erradicar la corrupción. Requiere una profunda reforma institucional, una reforma que implique mejorar las normas anticorrupción existentes y, de manera prioritaria, que fortalezca las instituciones responsables de aplicar dichas normas.


Son al menos dos las reformas más urgentes: la del gasto público y la de los órganos fiscalizadores de la acción pública y de los poderes judiciales, en especial los locales, para lograr su plena autonomía.


La reforma del gasto público debe buscar reducir la discreción en el uso de los recursos públicos y eliminar la opacidad con que actúan, legalmente aún, los gobiernos en todos sus niveles, en especial los locales.


Esta reforma debe incluir, al menos: 


Normas para la fijación de sueldos y prestaciones de los funcionarios de todos los niveles de gobierno, los poderes y los organismos autónomos constitucionales. 


Se debe prohibir que toda persona u órgano colegiado pueda fijarse su propio sueldo y/o prestaciones. Las nuevas normas deben también establecer como obligación que haya correspondencia entre las remuneraciones y prestaciones de estos funcionarios con las que percibe un ciudadano promedio del área correspondiente a que sirve: municipio, Estado, región o país, según el caso, estableciendo topes en función a lo que recibe dicho ciudadano promedio. 


Normas para la programación, presupuestación y rendición de cuentas de los proyectos de inversión, que limiten discrecionalidad, eliminen opacidad en la determinación de prioridades y obliguen a que los proyectos sean ampliamente difundidos, conocidos y opinados por la ciudadanía antes de su aprobación y ejecución.


Normas relativas a la política social. 


Molesta y es insostenible la manera como alcaldes y gobiernos estatales pueden decidir sobre la asignación de recursos públicos para acciones de supuesta política social, sin un diagnóstico claro del problema a resolver, sin análisis de la idoneidad de las propuestas para resolver el problema que se busca atender, programas que luego perduran sin ninguna evaluación de sus resultados, y resulta evidente que en la mayoría de los casos se trata de programas de manipulación de la pobreza con fines electorales.

El tipo de excesos y abusos como los señalados arriba deben terminar. Se requiere una profunda Reforma Hacendaria, a nivel municipal y estatal y aun en lo federal, que establezca procesos de programación y presupuestación transparentes, con requisitos de discusión amplia sobre los programas, de evaluación sistemática de los resultados, de costos y beneficios de programas y proyectos, rendición de cuentas y mecanismos de participación efectivos y representativos.


La segunda gran reforma necesaria, fundamental para acabar con la corrupción, es la de los órganos fiscalizadores de la acción pública y, sobre todo, la de los poderes judiciales locales. Estas reformas deben buscar la plena autonomía de dichos órganos fiscalizadores y de los poderes judiciales, así como mejorar su eficacia para erradicar la impunidad.


Estas reformas deben incluir, al menos:


Normas sobre los requisitos para poder ingresar a dichas instituciones y para regular el proceso de designación de los aspirantes. Es necesario que éstos cumplan con estrictos criterios de competencia, experiencia, probidad e independencia de criterio en sus decisiones, base de un desempeño autónomo. Debe evitarse que personas sin la experiencia y competencia requerida, o subordinados o con relaciones profesionales, familiares o de amistad cercanas de algún ejecutivo local o federal en funciones o de reciente terminación de mandato, accedan a dichos cargos. 


Abundan los ejemplos en contrario.

Normas para dotar al ciudadano de instrumentos que fuercen a los órganos fiscalizadores y a los poderes judiciales a cumplir su función y no puedan eludir el resolver con prontitud cualquier tipo de denuncia.

Normas para garantizar la autonomía presupuestal de estas instituciones, que hoy, en la gran mayoría de los casos, dependen de las secretarías de finanzas respectivas. Sin autonomía presupuestal respecto del ejecutivo correspondiente, difícilmente habrá órganos fiscalizadores autónomos o poderes judiciales inmunes a las presiones del ejecutivo respectivo.

Solo con reformas institucionales de esta naturaleza, de las cuales únicamente describo algunos de sus elementos en forma general y que deben ser enriquecidas, podemos aspirar a eliminar la corrupción y la impunidad y sobre todo, recuperar la confianza en el gobierno. Sin reformas institucionales de gran calado, no habrá voluntarismo que valga.

En mi opinión, estas reformas no vendrán de los partidos en el los diversos poderes, salvo si los ciudadanos impulsamos, con vigor, cambios en esa dirección. 


Animémonos.

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